El Papa simplifica la Justicia del Vaticano para mejorar su funcionalidad

El Papa Francisco ha introducido, a través de un Motu Propio publicado este miércoles, algunas modificaciones con el fin de simplificar el funcionamiento de la administración de Justicia del Vaticano y mejorar su «funcionalidad».

Se trata de «nuevos ajustes» en el sistema judicial ante la «multiplicación» de cuestiones que requieren «una pronta y justa definición en el ámbito procesal» y, por tanto, con la «creciente carga de trabajo» para los órganos judiciales. Según el texto legislativo, el objetivo es simplificar los mecanismos y garantizar que «la funcionalidad del sistema» se mantenga y, si es posible, «se mejore».

Entre las medidas incluidas en el Motu Propio, el Santo Padre ha ampliado las funciones de investigación y acusación de la Oficina del Promotor de Justicia –equivalente al Fiscal del Vaticano–. «El poder judicial en el Estado de la Ciudad del Vaticano es ejercido, en nombre del Sumo Pontífice, para las funciones de juzgar por el tribunal, la Corte de Apelación y la Corte de Casación; para las funciones de investigar y perseguir, por la Oficina del Promotor de Justicia», se puede leer en el texto legislativo.

Esta figura del fiscal, según detalla el documento, podrá presentar ante el Tribunal «una solicitud de sentencia de sobreseimiento» cuando considere que «concurren las condiciones para la concesión del perdón judicial» o que el hecho «pueda considerarse de escasa entidad por la forma de conducta, la personalidad del imputado, el daño causado al ofendido o el peligro ocasionado», así como cualquier conducta reparadora del imputado.

Además, el Motu Propio valida la posibilidad de añadir un juez adjunto a la sala que ya está compuesta por tres magistrados en el caso de que alguno de ellos deba abandonar. El Papa ha definido sus competencias para nombrar a un presidente adjunto del Tribunal Vaticano en el caso de que el que esté en funciones se encuentre en un año de dimisión de su cargo; y, por último, ha dado luz verde a la supresión de la presencia a tiempo completo de al menos un magistrado en la sala de enjuiciamiento.

«Los magistrados son nombrados por el Sumo Pontífice y en el ejercicio de sus funciones sólo están sujetos a la ley –dice el texto–. Ellos, ejercen sus poderes con imparcialidad, sobre la base y dentro de los límites de las competencias establecidas por la ley».

En el preámbulo de la norma, el Papa Francisco ha dejado claro cuáles son los motivos que le han llevado a esta reforma. Las necesidades que han surgido en los últimos años en la administración de justicia han requerido nuevos ajustes en la legislación penal y en el sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano.