Becciu niega ser «el gran instigador» de las irregularidades financieras del Vaticano

el cardenal Angelo Becciu, recientemente acusado de las irregularidades financieras de la Santa Sede bajo su mandato como número dos de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, ha negado este jueves cualquier responsabilidad sobre los hechos que se juzgan en los tribunales vaticanos y por los que la Fiscalía le considera culpable.

«El Fiscal sigue contando hechos sobre mí que están totalmente alejados de la realidad, los cuales rechazo enérgicamente como rechazo cada una de las acusaciones», aseguró en una declaración espontánea durante una audiencia del proceso que fue distribuida posteriormente a la prensa.

Según el cardenal, la Fiscalía le ha atribuido competencias que «no tenía», especialmente en lo referente a la compra del edificio de Londres con fondos del Vaticano, operación que resultó fraudulenta y que terminó generando un agujero económico en la Santa Sede estimado en 217 millones de euros, aunque según el fiscal Alessandro Diddi habría sido de entre 139 y 189 millones.

Becciu no es la única persona que afronta el proceso en el banquillo de los acusados, hay otros nueve imputados en el caso que desde julio de 2021 trata de esclarecer las supuestas irregularidades en las cuentas de la Secretaría de Estado.

El juicio del siglo

El Vaticano asiste en estos momentos al «juicio del siglo». Desde el fin de los Estados Pontificios (1870), ningún Tribunal de la Santa Sede había emprendido una causa con un imputado principal de tan elevado rango como el que ostenta el cardenal Angelo Becciu, y con acusaciones tan graves de corrupción y malversación de fondos.

Las acusaciones surgieron a partir de una investigación iniciada por la Oficina del Auditor General del Vaticano, tras denuncias presentadas por el Banco del Vaticano (su nombre propio es Instituto para las Obras de Religión), en marzo de 2019. Esta descubrió las presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un inmueble de lujo en la avenida Sloane de Londres, en el barrio de Chelsea. El edificio fue adquirido con fondos de la Secretaría de Estado en una operación que acabó en estafa, por un valor de 350 millones en 2017. En julio de 2022, fue revendido por 215 millones.

Los diez acusados

Por el momento, en el juicio hay diez acusados, entre los que destaca el nombre del cardenal Becciu.

Otros de los acusados son antiguos funcionarios del Vaticano, como el abogado suizo René Brülhart (anterior presidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano), monseñor Mauro Carlino (sacerdote y anterior secretario del cardenal Becciu), Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano), y Fabrizio Tirabassi (empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado).

Los otros acusados son corredores financieros y mediadores en la operación del edificio de Londres: Enrico Crasso (corredor financiero que administró inversiones para la Secretaría de Estado durante décadas), Raffaele Mincione (corredor financiero que supuestamente hizo que la Secretaría de Estado suscribiera grandes partes del fondo de la propiedad en Londres, y luego usó ese dinero para sus propias inversiones especulativas), Gianluigi Torzi (corredor a quien el Vaticano pidió poder salir del fondo propiedad de Mincione), y Nicola Squillace (un abogado involucrado en las negociaciones).

La última acusada es Cecilia Marogna, experta en relaciones internacionales, a quien Becciu pagó 500 mil euros supuestamente para liberar a la religiosa colombiana secuestrada en Malí, pero que ella gastó en bolsos y zapatos de lujo. Marogna se ha defendido afirmando que esos artículos sirvieron para lograr apoyos entre esposas de personajes africanos influyentes capaces de ayudar en la liberación.