La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra
Sociedad
Zancadilla del PSOE al plan de residencias de Belarra
Varias comunidades gobernadas por los socialistas rechazan el nuevo modelo de estos centros propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales
Ione Belarra ha sufrido un importante traspiés después de que varias CCAA se mostrasen en contra de su nuevo modelo de residencias. No es que se haya enfrentado al rechazo de las regiones gobernadas por el Partido Popular, algo previsible, sino que el golpe ha venido precisamente por Extremadura y Castilla-La Mancha.
Ambas comunidades han mostrado su rechazo a la propuesta de la ministra de Derechos Sociales sobre un nuevo modelo de residencias que pretende reducir la ratio, así como ampliar el número de habitaciones individuales o eliminar las sujeciones químicas y mecánicas en estos centros. Asturias, por su parte, ha anunciado que se abstendría.
Esta situación ha llevado al Ministerio a «posponer la votación» a la espera de «cerrar los últimos detalles», que se espere que llegue a lo largo del mes de junio.
Entre otras medidas, el plan de Belarra fijaba un plazo de tres años para la «supresión total» de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, y establecía que las nuevas residencias públicas deberían contar, al menos, con un 65% de habitaciones individuales.
Además, según el texto que finalmente no se ha votado, los centros proyectados no podían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población.
Asimismo, con el objetivo de que la residencia se parezca lo más posible a un «hogar», se proponía que la vida de las residencias se organizara en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Igualmente, se promovía la mejora de los servicios de ayuda a domicilio junto con el centro de día o la teleasistencia.
Respecto a las ratios, el texto establecía que en centros residenciales la ratio de atención directa conjunta se incrementaría paulatinamente de 0,39 en diciembre de 2023 a 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores y de 0,50 a 0,58 en centros para personas con discapacidad, estableciéndose una ratio para la atención directa de primer nivel en 0,43 y 0,50, respectivamente, en 2029, frente a los 0,42 y 0,44 de 2008.
