La ley de bienestar animal que amenaza al mundo rural comienza su andadura parlamentaria

Este jueves arranca la tramitación parlamentaria de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, una imposición de Podemos liderada por los lobbies animalistas y el enésimo motivo de fricción entre PSOE y la formación morada por la inclusión inicial –luego enmendada por los socialistas– de los perros de caza.

Como otros proyectos también polémicos, el Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto el anteproyecto que ahora empieza su andadura en el Congreso con enmiendas a la totalidad de PP, Vox y PNV, así como miles de alegaciones de distintos colectivos del sector y la sociedad civil.

Pero la mayor polémica es la relativa a los perros de caza. El texto inicial incluía a estos animales, lo que hubiera supuesto su práctica desaparición y la pérdida de miles de empleos. Los cazadores, ante los atropellos que suponía esta ley para el sector cinegético, acabaron organizando una manifestación en defensa del mundo rural que congregó a medio millón de personas el pasado 20 de marzo en Madrid.

Finalmente, el PSOE presentaría una enmienda para excluir a estos animales, así como a los empleados en actividades profesionales como policía y rescate, y a los dedicados a tareas específicas como la ganadería o la cetrería. Esta decisión provocó una nueva brecha entre los socialistas y Podemos.

No obstante, los cazadores siguen recelosos ya que el director general de Bienestar Animal y principal impulsor de esta medida, Sergio García Torres, ya ha advertido que espera que la enmienda sea retirada o transaccionada.

Entre otras medidas, esta ley prohíbe el sacrificio de animales domésticos salvo por razones sanitarias con penas de hasta 36 meses de cárcel y obliga a los propietarios de perros a realizar un curso formativo y suscribir un seguro de responsabilidad civil.

Tampoco se podrán vender perros, gatos y hurones en tiendas para evitar el abandono y los propietarios de animales no podrán dejarlos en terrazas, patios o sótanos. Respecto a las colonias felinas, las administraciones locales serán las encargadas de su mantenimiento, cuidado sanitario y control poblacional.

Creación de «chiringuitos»

La ley también establece la creación de un Consejo Estatal de Protección Animal dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, así como de un Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, así como «de cuantos órganos colegiados de colaboración o asesoramiento resulten necesarios para la coordinación de sus políticas».

Este apartado también ha sido denunciado por los cazadores por lo que consideran una red de «chiringuitos» de las que se beneficiarán las «asociaciones animalistas».