Los médicos dicen 'no' a las listas negras de objetores: «Deberían estar los que ayudan a morir»

En España se promulgan cada vez más leyes que están en contra de la vida. «La eutanasia no se puede equiparar con muerte digna», asegura José Antonio Díez Fernández, coordinador de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc).

Tras la aprobación de esta controvertida norma, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, el Ministerio de Sanidad creó unas 'listas negras' de médicos en las que deberían inscribirse aquellos facultativos que se negaran a participar en el proceso de acabar con la vida del paciente.

La libertad de conciencia es un derecho que tenemos todos por el hecho de ser personas. Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc) y objetora ella misma, aclara que nadie le va a obligar a hacer algo «que van en lo más profundo de mi conciencia, lo más profundo de mi ser como persona».

Esta polémica norma se aprobó en un momento crítico para la sociedad, la crisis de la covid. Esta ley, oculta entre una pandemia, no contó con ningún dictamen ni opinión de los colegios de médicos, el Consejo de Estado o del Poder Judicial. Se impuso en unos términos inflexibles y en una situación «que no deja de ser una terrible paradoja». Estaban muriendo miles de personas por la covid y aprobaron una ley para matar.

Esta norma trata de «asegurar jurídicamente la posición» de los médicos o profesionales de salud que quieren practicar la eutanasia. En este sentido, la ley no permite sancionar a ningún facultativo que acabe con la vida de una persona, se blinda su posición, pero «meten dentro de un cajón» a todos los profesionales que no estén dispuestos a participar. Son leyes que se han hecho sin contar con los médicos, farmacéutico y, menos con los enfermeros, denuncian desde Andoc.

Aunque existan aproximadamente 9.000 médicos objetores apuntados al registro, la realidad es que existen «miles más». Según señala Martín, los profesionales que no están apuntados a estas 'listas negras' es porque «corren riesgos». Esto puede llegar a ser «una caza de brujas por parte de la administración».

A pesar de las intenciones del Ministerio, la inmensa mayoría de facultativos «ni está ni va a estar» nunca en los registros, bien por la especialidad en la que trabajan o por su compromiso deontológico ante los pacientes, reiterado recientemente por la Asociación Médica Mundial, porque consideran que la eutanasia no es un acto médico y su deber es curar, aliviar y acompañar, «nunca matar».

Los cuidados paliativos cuidan, miman y quieren a la persona que se está muriendo para que lo haga con dignidadEva María MartínPresidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia

En España siempre va a haber sanitarios que sean capaces de eutanasiar a los enfermos, «esos serían los que tendrían que estar en el registro». La ayuda a morir es una prestación de salud, el que necesite de esa prestación tiene que saber a quién acudir, no a quién no acudir.

Los registros, según explica Díez Fernández, están puestos con la finalidad única de amedrentar a los profesionales y de trasladar a la población un modo de entender estas situaciones, que es ideológico, y que «no tiene nada que ver con la tradición médica ni con la tradición española de atención a los enfermos». Según considera, «es un tema que va por otro negocio».

Sin ley de cuidados paliativos

Esta controvertida norma, según el último informe de Sanidad, se cobra la vida de una persona cada 24 horas, cifras que se podría haber evitado. «No es lógico desde el punto de vista lógico y asistencial» poner como única solución la muerte sin ofrecer una ley de cuidados paliativos universales bien dotada.

Esta especialidad que es «identificable y multidisciplinar» atiende al principal problema que la gente puede tener, morir con dolor, expone el coordinador de Andoc. Estos servicios, comprometidos con los pacientes enfermos, cuidan, miman y atienden al entorno social y familiar de la persona que precisa los cuidados «para que muera con dignidad». Además, gracias a la ciencia y a los avances, los farmacéuticos disponen de un arsenal terapéutico muy avanzado que hace que «la persona muera sin dolores».

En España hay 80.000 personas que están muriendo sin cuidados paliativos que son con cada vez más necesarios porque nuestro país tiene una población muy envejecida y, por tanto, con enfermedades muy cronificadas. «Vamos hacia una disolución familiar» y como resultado la atención y la dependencia es cada vez más complicada.

A pesar de los datos, el mayor problema está en esta población envejecida, ya que más de dos millones de personas viven solas y suponen un coste enorme para la seguridad social, porque, según confirma Díez Fernández, en el fondo, detrás de la eutanasia, aparte de razones ideológicas y razones de tipo antropológico, hay razones económicas.