Biden crea un nuevo plan para meter en prisión a las personas provida

Desde que se revocó la sentencia Roe vs. Wade en Estados Unidos, el presidente Joe Biden no ha hecho otra cosa que castigar a los ciudadanos a favor de la vida y dar vía libre a aquellos que quieren acabar con uno de los derechos fundamentales recogidos en su Carta: la existencia de todos los seres humanos.

Como se ve en muchas clínicas abortivas de España, muchos ciudadanos velan por la vida de los aún no nacidos con cantos, rezos o ayudas a las madres, pero a menudo son perseguidos por policías y presionados por personas que quieren que el aborto sea una norma. En Estados Unidos no iba a ser menos. Desde que se aprobó la sentencia Dobbs, que devuelve a cada estado la potestad de decidir sobre el aborto, la situación se ha oscurecido.

Así, los estadounidenses tienen prohibido ofrecer ayuda a las mujeres embarazadas que van a matar a su feto. ¿La causa? Que Biden ha dado luz verde a un nuevo y enrevesado plan jurídico que aúna dos normas estatales a favor del aborto. Por un lado, la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE) que prohíbe las amenazas de fuerza, obstrucción y daños a la propiedad destinados a interferir con los servicios de atención de salud reproductiva y el «delito de conspiración contra derechos».

Según explica Religión en Libertad, el texto de la «conspiración contra derechos» castiga «con hasta 10 años de cárcel» si más de dos personas se unen para herir, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona que esté en ese momento en uso de un ejercicio o derecho. Planteadas así las cosas, el castigo no sería por abortar –ya que cada estado, tras el fallo Dobbs vs. Jackson Women, tiene la autoridad para prohibirlo o no– sino por prohibir a una mujer entrar a la clínica abortiva para acabar con la vida de su bebé.

En este sentido, la nueva norma de Biden ya no solo castigará a aquellos que dificulten el paso, sino también a las personas en contra del aborto que recen a escasos metros, los que graben o aquellos que participen en reuniones alejados del centro.

Los castigos ya se han impuesto

Esta regulación no ha sorprendido a los estadounidenses. El presidente Biden ya había actuado en contra de varias personas que luchan por la vida en 2023. El caso más sonado fue el de Lauren Handy, una activista antiaborto –así se denomina ella– que fue declarada en agosto de 2023 culpable por violar la ley federal de Washington DC y bloquear una clínica.

La joven y otras cuatro amigas entraron a un centro para denunciar los terribles asesinatos que realizaban a los fetos. Sin embargo, el plan no salió como esperaban y fueron detenidas por violar la FACE. Cuando declararon, a pesar de recalcar que su intención era evitar que las mujeres realizasen esos abortos, fueron castigadas con 11 años de cárcel y una multa de 350.000 dólares.

Otro caso se conoció a principios de 2024, cuando el Departamento de Justicia (DOJ) declaró culpables –después de dos años– a seis ciudadanos de Tennessee (uno de los territorios que defiende la vida de los más indefensos) por el mismo motivo: «bloquear el acceso a una clínica de abortos». Además, podrían enfrentarse a 11 años de cárcel por violar la misma ley de libertad que la habitante de Washington.