Una de cada tres víctimas de violencia de género bajo protección policial es extranjera

Uno de cada tres casos con seguimiento policial por violencia de género en España corresponde a víctimas extranjeras, según datos del Ministerio del Interior, mientras que el 67,79 % de los casos del sistema VioGén son relativos a víctimas españolas.

Ser migrante y estar en situación administrativa irregular son dos de las realidades que inciden en la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género: el aislamiento social, la falta de conocimiento del idioma, la mayor dependencia del agresor o la precariedad económica son factores de riesgo en el maltrato de las mujeres extranjeras.

El último anuario estadístico del Ministerio del Interior, relativo a 2023, precisa que el 31 de diciembre del pasado año el 32,21 % de los casos activos en el sistema de seguimiento policial VioGén correspondían a víctimas extranjeras. Los casos activos son aquellos que están bajo seguimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad o las policías locales después de haber interpuesto una denuncia.

Ese porcentaje es similar al registrado en la estadística de feminicidios: el 32,3 % de las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003 eran extranjeras.

Latinoamérica y Europa

El anuario estadístico de Interior detalla que el 5,85 % de las víctimas de los casos activos de VioGén han nacido en un país de Unión Europea distinto a España; el 17,92 % en Latinoamérica; el 5,11 % en el Magreb; el 2,22 % en la Europa que no pertenece a la UE; el 0,54 % en el África subsahariana y el 0,55 % restante en otros territorios.

Entre las víctimas nacidas en la UE, el 52,12 % procede de Rumanía; el 8,98 % de Bulgaria; el 5,89 % de Alemania; el 5,29 % de Francia; el 5,27 % de Polonia; y el 4,57 % de Portugal.

En cuanto a las mujeres registradas en VioGén que proceden de Latinoamérica, el 24,92 % son de Colombia; el 12,02 % de Ecuador; el 8,77 % de Perú; el 6,52 % de Brasil; el 6,43 % de Paraguay; el 6,36 % de Bolivia; el 5,12 % de República Dominicana; y el 4,75 % de Argentina.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece la necesidad de diseñar protocolos específicos y medidas especializadas para atender a los colectivos de mujeres más vulnerables, entre las que menciona a las migrantes.

El Senado, en su proceso de evaluación del citado Pacto, incidía en que el Estado debe proteger a todas las víctimas dedicando «los recursos necesarios» para abarcar también a las más vulnerables con una respuesta específica y reforzada.

Cuando el Congreso de los Diputados se comprometió en 2021 a renovar el dictamen del Pacto de Estado, estableció como prioridad el refuerzo de la protección de las mujeres que afrontan discriminaciones mayores por el hecho de ser migrantes, pertenecer a minorías étnicas o encontrarse en una situación administrativa irregular.

Una de las conclusiones recurrentes a las que han llegado los distintos comités de crisis presididos por el Ministerio de Igualdad para analizar los feminicidios ha sido precisamente la necesidad de proteger mejor a las víctimas extranjeras, que tienen mayor dificultad para salir de la espiral de la violencia.