Las comunidades ya se preparan por si Muface cae y tienen que asumir la sanidad de los funcionarios

En apenas mes y medio, el concierto sanitario de Muface finalizará y 1,5 millones de funcionarios se quedarán en el limbo. En teoría, el Ministerio de Función Pública, con Óscar López a la cabeza, presentará una nueva licitación antes de que finalice el año, pero de momento nada se sabe de su publicación.

En la consulta previa que Muface ha hecho a las aseguradoras, solo se presentaron DKV y Asisa, así como Allianz, aunque esta última solo para cubrir la asistencia a los mutualistas que residen en el extranjero.

Los representantes de los funcionarios ya se manifestaron la pasada semana: por un lado, sindicatos como UGT, CC.OO., ANPE o UFP, que ponen el foco en las aseguradoras. Por otro, este sábado una multitud convocada por CSIF –y a la que se unieron organizaciones de policías y guardias civiles como Jupol y Jucil– y recorrió las calles de Madrid solicitando a Gobierno y aseguradoras mantener el concierto y amenazando con una posible huelga de funcionarios.

Otros agentes que están haciendo mucha presión para el mantenimiento del modelo son los presidentes y consejeros autonómicos. En la conferencia de presidentes de la semana pasada, muchos de ellos expresaron su inquietud por el nuevo escenario, aunque obtuvieron pocas respuestas por parte del Gobierno central.

«Todos hemos hablado de Muface», afirmó Juanma Moreno, presidente de Andalucía, sobre la posibilidad de que quede desierto el concurso para renovar la concesión de Muface por incomparecencia de las aseguradoras privadas. Subrayó que, en el caso de Andalucía, «tenemos un problema» por el hecho de que supondría tener que dar asistencia a 320.000 asegurados y a sus familias, y proclamar que «los sistemas públicos de salud no están preparados para atender a un millón y medio de mutualistas».

Una de las regiones más duras con el Gobierno sobre este asunto es la Comunidad de Madrid, cuya consejera de Sanidad, Fátima Matute, reclamó este lunes a la ministra del ramo, Mónica García, que deje su «sectarismo» y la «ideología» para tratar de incorporar a los mutualistas de Muface al Sistema Nacional de Salud (SNS) y dejar trabajar al Ministerio de Función Pública para lograr un acuerdo, además de abrir el «debate democrático» a las Comunidades Autónomas, competentes en esta materia, por si finalmente no hay un nuevo contrato.

Matute pide que se deje trabajar al departamento de Óscar López para «llegar a un acuerdo porque hay mutualistas que están preocupados» y cree que la «pelea» entre los Ministerios de Sanidad y Función Pública «no beneficia a nadie» y «no hace más que demostrar que este Gobierno que tenemos está fragmentado y hecho como un patchwork», en referencia a Sumar, que lleva en su programa, ha dicho, acabar con Muface.

Temor a la saturación del sistema

Las comunidades temen que la posible absorción de 1,5 millones de personas por parte de los sistemas de salud autonómicos derive en una saturación de los mismos. Por ello, desde regiones como la Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia solicitan «con máxima urgencia» al Gobierno un nuevo concierto para asegurar la prestación sanitaria de los mutualistas.

Los consejeros de Sanidad del Partido Popular remitieron una carta a Mónica García el pasado viernes en la que exigían esa nueva licitación que asegure del acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas y que cuente con dotación económica para garantizar una asistencia de máxima calidad, adaptado a sus necesidades.

Desde las comunidades señalan que, de suprimirse el concierto sanitario, necesitarían una partida 'extra' para poder paliar la absorción de los mutualistas y poder contratar más personal e incluso construir más centros de salud y hospitalarios.

La Comunidad de Madrid ya plantea una solución, que pasa por que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aumentase o hiciese nuevos acuerdos con la sanidad privada. «Hacen la cuadratura del círculo», señala Matute. Según explica, unas aseguradoras que dan servicio satisfactorio a los mutualistas a través de Función Pública tendrían que hacerlo a través de los servicios de salud de las comunidades, lo cual «no serviría para nada más que para hacer ruido y para molestar a muchos colectivos».

García dice que la sanidad pública es «el mejor lugar»

Mónica García ha aprovechado la Interterritorial de este lunes para recordar que la sanidad pública está «perfectamente» preparada para asumir la asistencia de los mutualistas de Muface y es además «el mejor lugar» donde pueden ser tratados.

García ha respondido así a las comunidades del PP, que han criticado que no haya incorporado al orden del día la aprobación de un acuerdo para instar al Gobierno a licitar un nuevo concierto de Muface. La ministra ha recordado que esto es competencia del Ministerio de Función Pública y ha insistido en que todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras «no les dan los números». «No nos engañemos, ellas son las que tienen que firmar ese convenio, y hasta ahora no lo han firmado porque los mutualistas no les salen rentables», ha enfatizado.

En el caso de que finalmente no se alcance un acuerdo con el Ministerio de Función Pública, los mutualistas deben tener la «tranquilidad» de que «la sanidad pública puede asumir perfectamente una carga» que supone absorber un 2,4 % de población más, según García. Algo de lo que las comunidades autónomas, de quien depende la sanidad, no están tan seguros.

En la interterritorial, la ministra ha recordado que son las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública los que están «negociando un nuevo contrato» y que, por tanto, Sanidad no tiene «nada que decir al respecto». Ha comentado, asimismo, que algún consejero del PP ha mostrado su malestar con el informe elaborado por el ministerio en el que se especifica que el sistema público podría soportar la absorción de los funcionarios: «Critican que hayamos hecho nuestro trabajo».

«En cualquier caso, no está en nuestra mano si ese convenio se firma o no se firma, es más, está en mano de las aseguradoras, ya que por parte del Gobierno de España hay un especial interés en que ese convenio salga», se ha defendido.