Cinco años del primer informe de neumonía extraña en Wuhan: «No hay información para determinar el riesgo»
El 13 de marzo, Sánchez compareció para anunciar unas medidas que, un año más tarde, serían declaradas inconstitucionales
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Este 31 de diciembre de 2024 hace cinco años de la primera llamada a la Oficina de la OMS en China. Las autoridades, reacias a reconocerlo, alertaron de varios casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China). A fecha de 3 de enero de 2020, las autoridades nacionales del gigante asiático notificaron 44 pacientes con neumonías extrañas. De entre los casos notificados, 11 estaban gravemente enfermos. A pesar de la insistencia del órgano sanitario para recabar datos, este aseguró que «no había información para determinar el riesgo».
Hace cinco años no conocíamos la palabra coronavirus; tampoco éramos conscientes de lo que iba a ocurrir. A finales de enero de 2020, un turista alemán ingresado por una neumonía de origen desconocido encendió las alarmas en el Gobierno español. La gestión de Pedro Sánchez fue nula. No quiso escuchar a la OMS, en contraste con la actitud de otros países vecinos, que comenzaban a movilizarse para contener los casos que empezaban a registrar.
Días después, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, compareció ante los medios para hacer una afirmación que resultaría ser una de las más controvertidas y perjudiciales para el Ejecutivo de Sánchez: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Dos meses después, el país registraba 94.417 casos confirmados, 8.189 fallecimientos y 49.243 personas hospitalizadas.
Ese mismo mes, varios sanitarios comenzaron a alertar de extrañas muertes a causa de una neumonía bilateral nunca antes detectada. Sánchez y su equipo llamaron –una vez más– a la calma, pero sabían que algo no iba bien. El 26 del mismo mes, Madrid notificó el primer caso. España ya contaba con numerosos casos, y las palabras «estado de alarma» y «confinamiento» ya empezaban a resonar por las calles.
Cuando la situación comenzó a empeorar, Salvador Illa, en ese momento ministro de Sanidad, se reunió con las comunidades autónomas. En ese encuentro decidieron tratar de «riesgo moderado» la situación por la que pasaba el país. Tras la asamblea, se presentó al misterioso e inexistente «comité de expertos», que aseguró que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado para frenar el virus. No fue así.
Los casos continuaron aumentando, pero el Ejecutivo decidió mirar para otro lado. Se acercaba el 8-M y la manifestación masiva debía celebrarse. Ese día, aunque Sánchez asegurase todo lo contrario, se produjeron cientos de contagios. Días después, Simón defendió que el aumento de casos no se observó hasta «el lunes por la mañana». Lógico, ya que los síntomas comenzaban días después de la exposición al patógeno.
Dos estados de alarma inconstitucionales
El 13 de marzo, Sánchez compareció para anunciar unas medidas que, un año más tarde, serían declaradas inconstitucionales: el estado de alarma. Un día después del anuncio, los españoles quedaron encerrados con el fin de proteger «a todos los ciudadanos» y garantizar «las condiciones de vida adecuadas» para frenar la pandemia con «la menor afectación posible».
En abril de 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento impuesto por el Gobierno a todos los ciudadanos, ya que esta medida «no permite la suspensión de los derechos». La sentencia obligó al Ejecutivo a revisar y devolver todas las multas puestas durante el aislamiento domiciliario. En total, desde el 13 de marzo de 2020 se registraron 1.142.127 sanciones.
Dos meses después, la situación para Sánchez continuó empeorando. El Constitucional volvió a declarar inconstitucional el segundo estado de alarma, puesto que, con el real decreto, quedó «cancelado el régimen de control» que correspondía al Congreso de los Diputados bajo dicho estado.
Datos y muertes ocultas
Uno de los aspectos que más desconfianza causó durante la pandemia fue el conteo de casos y muertes por coronavirus. Los datos nunca coincidieron con los del INE. Este desfase estadístico se originó porque el Ministerio de Sanidad computó como fallecidos por coronavirus a aquellos que presuntamente murieron por el virus, a pesar de poseer otras enfermedades. Nunca se les realizó una prueba diagnóstica, por lo que no se sabe realmente la causa oficial de la muerte.
Las mentiras del Gobierno fueron creciendo a medida que avanzaban los meses. En los momentos más críticos del virus, Sánchez alardeó de que España era el quinto país del mundo que más test de detección había realizado. Para demostrarlo, citó un estudio de la Johns Hopkins que nunca existió.
La gestión de la pandemia fue un enorme fracaso. Mientras miles de españoles fallecían por un virus nunca antes analizado, Sánchez continuó haciendo su política, dejando –una vez más– a los españoles en un segundo plano.