El Gobierno aprueba la ley de menores en la que impone de fábrica el control parental en los móviles

El Congreso de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, que incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, penas por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales y etiquetado informativo, entre otras medidas.

En la norma, en la que han intervenido los ministerios de como Presidencia y Justicia, Transición Digital, Derechos Sociales y Juventud e Infancia, ha sido remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria. Asimismo, la norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos y que se pueda configurar una vez encendido.

El anteproyecto que aprobó el Gobierno el pasado mes de junio también recoge penas para combatir las denominadas ultrafalsificaciones, por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio. Asimismo, incluye la modificación del artículo 39 del Código Penal para incluir órdenes de alejamiento virtual para quienes cometan delitos en espacios digitales. Además, añade revisiones pediátricas, donde se realizarán test para identificar si los menores están haciendo un uso inadecuado de los dispositivos electrónicos.

Cárcel por vídeos hechos con IA

Tal y como adelantó El Debate, esta norma legisla penar hasta con dos años de cárcel a todo aquel que produzca y difunda contenido generado con IA sobre otros sin su permiso si incluye situaciones «vejatorias». Para lograr este objetivo el Gobierno ha decidido modificar el Código Penal, añadiendo un nuevo artículo (173 bis), que reza lo siguiente: «Se impondrá pena de prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias».

El Ejecutivo de Sánchez ha colado esta disposición en la ley de menores, cuando ni este artículo ni aquel que le precede en el Código Penal hacen ningún tipo de alusión a los menores de edad. En concreto, la imposición de penas de prisión a quienes generen vídeos vejatorios con IA está enmarcada en el Título VII de la citada legislación, que trata las «torturas y delitos contra la integridad moral».

Según se describe en la memoria, a la que también ha accedido este medio, en la nueva ley «se aborda el tratamiento penal de las denominadas 'ultrafalsificaciones', esto es imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y extremadamente realistas».

Consentimiento en redes sociales

La norma también eleva de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal para el acceso a redes sociales. Por otro lado, la regulación consolida los derechos de los menores de edad en el entorno digital, a través del artículo 2, que establece que «tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos asociados al entorno digital».

Entre las medidas que contempla está el desarrollo de una Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales. La liderará el Ministerio de Juventud e Infancia y se apoyará en el informe del grupo de 50 expertas y expertos.