El Gobierno traspasa el control total de las becas educativas a Cataluña, tal y como adelantó El Debate

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes cuatro reales decretos de ampliación de medios y funciones de servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña, entre los que se encuentra la gestión de becas y ayudas al estudio, tal y como adelantó El Debate hace una semana.

Según el Real Decreto de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña, al que ha accedido este medio, este traspaso supone para el Ejecutivo central «un paso importante en la consolidación de este modelo de gestión descentralizada, proceso en el que ambas Administraciones, estatal y autonómica, vienen colaborando desde 2005 de acuerdo con los convenios suscritos entre la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado».

Este acuerdo tiene como consecuencia la cesión directa a la Generalitat de Cataluña de «determinadas funciones y servicios en materia de becas y ayudas al estudio territorializadas que, incluyendo las becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios catalanes, viene desempeñando la Administración del Estado».

A niveles prácticos, esta entrega de las competencias en materia de becas educativas a Cataluña supone que el Gobierno autonómico asumirá un control total sobre la política de becas, por lo que tendrá la potestad para determinar tanto las personas que pueden percibirlas, como los requisitos que se exigen, la forma de pago y hasta las condiciones específicas que tienen que cumplir los solicitantes. Asimismo, la Generalitat podrá revocar las becas ya concedidas.

Respecto a la imposición lingüística que desde hace años sufre el sistema educativo en la región que preside Salvador Illa, este hecho abre una nueva línea de juego para el Ejecutivo catalán, ya que, entre los requisitos exigidos, se podrá exigir un nivel mínimo de lengua catalana para la concesión de ayudas al estudio, lo que supondría una maniobra más del nacionalismo para relegar el español a una lengua secundaria en Cataluña. Por otro lado, la Generalitat también ostentará a partir de ahora el control de los títulos necesarios para percibir las becas.

En síntesis, el Gobierno catalán asumirá desde ahora, y gracias a la cesión del Gobierno de Sánchez, las funciones de regulación, convocatoria, gestión, designación de órganos y comisiones de selección, pago, control, verificación, inspección, revocación de las ayudas ya concedidas, reintegro, recursos administrativos y gestión de los créditos presupuestarios de las becas educativas de todo el territorio autonómico.

Por otro lado, en términos económicos, tal y como se estima en el anexo y memoria del proyecto de Real Decreto, la financiación que corresponde al coste efectivo anual de las funciones y servicios que se amplían asciende a 1.145.283,04 euros. Sin embargo, la mayor parte de este monto no será asumido por la Generalitat, sino que el Ejecutivo español tiene la obligación de abonar anualmente al Gobierno catalán 981.475,36 euros «en concepto de espacios ocupados por el personal de la Generalitat de Cataluña que gestiona las becas y ayudas al estudio».