Sánchez traspasa a Cataluña el control total de las becas educativas y podrá exigir el catalán para obtenerlas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado el traspaso inminente a Cataluña de las competencias en materia de becas y ayudas al estudio, pacto que supone la cesión a la Generalitat del control total de su gestión y tramitación en las diferentes convocatorias efectuadas, tal y como consta en el proyecto de Real Decreto de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña, al que ha accedido El Debate.

Según el documento, sellado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y firmado por el socialista Ángel Víctor Torres, este traspaso supone para el Ejecutivo central «un paso importante en la consolidación de este modelo de gestión descentralizada, proceso en el que ambas Administraciones, estatal y autonómica, vienen colaborando desde 2005 de acuerdo con los convenios suscritos entre la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado».

Este acuerdo tiene como consecuencia la cesión directa a la Generalitat de Cataluña de «determinadas funciones y servicios en materia de becas y ayudas al estudio territorializadas que, incluyendo las becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios catalanes, viene desempeñando la Administración del Estado, respecto de los solicitantes cuyo domicilio familiar radique en el territorio de Cataluña y que cursen estudios conducentes a la obtención de un título con validez en todo el territorio nacional».

A niveles prácticos, esta entrega de las competencias en materia de becas educativas a Cataluña supone que el Gobierno autonómico asumirá un control total sobre la política de becas, por lo que tendrá la potestad para determinar tanto las personas que pueden percibirlas, como los requisitos que se exigen, la forma de pago y hasta las condiciones específicas que tienen que cumplir los solicitantes. Asimismo, la Generalitat podrá revocar las becas ya concedidas.

Respecto a la imposición lingüística que desde hace años sufre el sistema educativo en la región que preside Salvador Illa, este hecho abre una nueva línea de juego para el Ejecutivo catalán, ya que, entre los requisitos exigidos, se podrá exigir un nivel mínimo de lengua catalana para la concesión de ayudas al estudio, lo que supondría una maniobra más del nacionalismo para relegar el español a una lengua secundaria en Cataluña. Por otro lado, la Generalitat también ostentará a partir de ahora el control de los títulos necesarios para percibir las becas.

En síntesis, el Gobierno catalán asumirá desde ahora, y gracias a la cesión del Gobierno de Sánchez, las funciones de regulación, convocatoria, gestión, designación de órganos y comisiones de selección, pago, control, verificación, inspección, revocación de las ayudas ya concedidas, reintegro, recursos administrativos y gestión de los créditos presupuestarios de las becas educativas de todo el territorio autonómico.

Por otro lado, en términos económicos, tal y como se estima en el anexo y memoria del proyecto de Real Decreto, la financiación que corresponde al coste efectivo anual de las funciones y servicios que se amplían asciende a 1.145.283,04 euros. Sin embargo, la mayor parte de este monto no será asumido por la Generalitat, sino que el Ejecutivo español tiene la obligación de abonar anualmente al Gobierno catalán 981.475,36 euros «en concepto de espacios ocupados por el personal de la Generalitat de Cataluña que gestiona las becas y ayudas al estudio».

Cesiones al independentismo

Recientemente, el PSOE liderado por Pedro Sánchez pactó con Junts per Catalunya, partido regido por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, la transferencia a Cataluña de las competencias en materia de migración, cesión que otorga a la Generalitat la potestad para poder realizar expulsiones de inmigrantes, administrar la actividad de puertos y aeropuertos y gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Asimismo, en febrero de este mismo año, el Gobierno acordó con ERC condonar 17.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, cumpliendo así la promesa que Sánchez hizo a Oriol Junqueras en noviembre de 2023 para asegurar el respaldo de los independentistas de izquierdas en su investidura. Como parte del acuerdo, ERC también logró que el Ejecutivo cediera a Cataluña la gestión de los trenes de cercanías regionales, un servicio utilizado diariamente por entre 300.000 y 400.000 personas.

Entre otras cesiones a Cataluña, una de las más graves y sonadas fue el acuerdo de aprobación de la ley de amnistía, por la que se consumó el pasado 30 de mayo de 2024 el borrado total de todos los delitos cometidos durante el golpe del 1-O que propició Puigdemont y que llevó a España a una de las mayores crisis democráticas de su historia.

Por otro lado, y para conseguir el apoyo de Junts en la votación de esta norma, Sánchez aceptó negociar con un mediador internacional «para dotar al proceso de certidumbre». Esta situación ha provocado que los socialistas hayan viajado en varias ocasiones a Suiza para negociar directamente con la cúpula de Junts, bajo la supervisión del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez.