Prohíben a los monitores de un colegio de Palma usar el español con los alumnos salvo en casos «excepcionales»

Los monitores de comedor de la empresa Lúdic Educació están obligados a firmar un decálogo que restringe el uso del español en sus funciones diarias con alumnos y familias. Esta demanda de la asociación Hablamos Español –a la que ha tenido acceso El Debate–, se fundamenta en el documento en el que se impone el uso exclusivo del catalán a través de seis puntos clave, presentándolo como el comportamiento lingüístico institucional adecuado.

En ese marco, de obligado cumplimiento, se apela a que esta norma obedece a directrices emanadas de las autoridades educativas, describiendo el catalán como «la lengua propia de nuestra tierra», una expresión que, según ha subrayado el Tribunal Constitucional, debe entenderse únicamente en términos histórico-culturales, sin que ello justifique una discriminación legalizada por razón de lengua.

El decálogo establece que únicamente se podrá recurrir al español «en aquellos casos en los que ni los alumnos ni sus familias logren comprender de forma alguna las indicaciones en catalán». El texto establece además que, incluso cuando un interlocutor emplee el castellano, los monitores deberán seguir utilizando el catalán e intentar que sus interlocutores se adapten a esta lengua. Esta instrucción se extiende también a progenitores y tutores. Solo en circunstancias donde el receptor del mensaje no entienda «de ninguna de las maneras» el catalán, podrá hacerse uso del español, y siempre de manera excepcional.

En un paso que ha sido interpretado como una forma de estigmatización del castellano, el documento indica que, «si resulta absolutamente necesario emplearlo, se deberá hacer de forma discreta y fuera de la presencia del grupo». De este modo, en contextos colectivos donde haya alguna persona que no comprenda el catalán, se sugiere mantener esa lengua como idioma de uso principal y traducir posteriormente, de forma individual, al afectado.

Según la asociación Hablamos Español, que ha recibido una queja relacionada con este decálogo y con el proyecto lingüístico del centro educativo correspondiente, el español –mayoritario entre los alumnos y sus familias, muchas de ellas de origen hispanoamericano– es tratado como una lengua marginada. En palabras de la organización, el español es percibido en este contexto como «una lengua apestada y contagiosa».

Ante esta situación, Gloria Lago, presidenta de la asociación, ha elevado una consulta a la consejería competente para saber si tiene constancia de estas prácticas y si forman parte de una política extendida. En calidad de representante de Hablamos Español, ha solicitado una actuación inmediata para erradicar lo que califica como unas prácticas «absolutamente deleznables».

El documento, considerado por la asociación como excluyente y contrario a los principios de igualdad y respeto a los derechos lingüísticos, ha sido denunciado por discriminar a quienes tienen el español como lengua materna o de uso cotidiano. Hablamos Español reclama que dicho decálogo sea sustituido por unas instrucciones que se ajusten al marco legal vigente y que garanticen el respeto a los derechos de los menores y de sus familias, así como su bienestar en el entorno escolar.

Como respaldo de sus afirmaciones, la entidad ha difundido el contenido del decálogo y un fragmento del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), expresando su estupefacción ante la pasividad de las autoridades educativas, a las que acusa de legitimar una forma de ingeniería social dirigida a los niños en el sistema educativo.