Los veterinarios, en pie de guerra contra el Gobierno: «No podemos tratar a mascotas con enfermedades serias»

El Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, continúa en el punto de mira de estos profesionales, que califican de medida «injustificada y desproporcionada». Entre otras cosas, desde el pasado mes de enero tienen la obligación de registrar oficialmente —a través de la herramienta informática PresVet— la prescripción de todos los antibióticos dispensados a mascotas, lo que entorpece, burocratiza y ralentiza la administración de fármacos a los animales.

Con motivo de esta oposición, el colectivo ya ha protagonizado varios paros en sus clínicas, así como manifestaciones multitudinarias frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y a las delegaciones del Gobierno en todas las provincias de España. Tres meses después de su entrada en vigor, los veterinarios no bajan la guardia y continúan en pide de guerra contra el Ejecutivo para intentar que cambie la norma.

Esta nueva exigencia se enmarca en aplicación de la política europea frente a la lucha contra las resistencias antimicrobianas, que reducen la eficacia de los antibióticos. Sin embargo, los veterinarios creen que no es la mejor forma de aplicarla, ya que la aplicación de este decreto y la puesta en marcha de PresVet para animales de compañía supone una carga burocrática «excesiva».

Según relatan los afectados, para administrar un tipo concreto de antibiótico ahora son necesarias pruebas como un cultivo o un antibiograma, algo que retrasa el inicio de la medicación en días cruciales y que, además, repercute directamente en el bolsillo de los dueños, que tienen que costear esas pruebas extraordinarias. «Es una normativa que han hecho sin tener ni idea de cómo funciona una clínica veterinaria», explica a El Debate la veterinaria María Julia Sánchez.

Tal y como relata a este medio José Ramón García, presidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) en Madrid, la ley obliga a los veterinarios a hacer una comunicación de cada antibiótico «con una presunción de culpabilidad», y destaca que las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros.

Esta situación genera miedo entre los profesionales, e incluso la decisión preventiva de algunos de dejar la profesión. García carga contra los Colegios de Veterinarios, a los que acusa de estar dirigidos por unos representantes «que no son el reflejo de la profesión y que tienen una visión sesgada»: «Vale lo mismo el voto del colegio de Ceuta que el de Madrid», lamenta.

Asimismo, recuerda que el 95 % de los antibióticos los prescriben los médicos «y ellos no tienen limitaciones», ya que se les presupone profesionalidad, por lo que considera que esta norma pone en riesgo la profesión veterinaria y su código deontológico. Asimismo, resalta que con esta vía se pone en riesgo a las mascotas, ya que no se puede tratar a pacientes con enfermedades serias y se pierde mucho tiempo con la burocracia.

Seguirán manifestándose

Todas las fuentes consultadas coinciden en lo mismo: nadie ha consultado a los profesionales a la hora de redactar esta nueva ley. Luciano Díez, presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León, subraya a este medio que el veterinario, por su experiencia, sabe lo que necesita el animal, pero con estas trabas no puede administrárselo sin hacer el papeleo pertinente.

Díez cree conveniente que se modifique el real decreto y se cree una comisión de trabajo con los profesionales para tratar de encontrar un encaje agradable para todos. De hecho, el reglamento europeo en el que se basa la ley estipula que debe estar vigente antes de 2030, por lo que cree que aún hay tiempo de sobra para paralizar la aplicación del texto y modificarlo.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas, explicó la semana pasada que la subdelegada del Gobierno en la capital les recibió y «entendió» sus reivindicaciones, además de comprometerse a transmitir su manifiesto a instancias superiores del Gobierno. Le agradeció el haber sido recibidos, algo que Luis Planas, ministro de Agricultura, no ha hecho todavía. Igualmente, recalcó que seguirán convocando acciones y mostró su esperanza de que Planas se cite con ellos, ya lo que piden es «que les dejen trabajar», algo que «no es tan complicado».