El Gobierno mantiene paralizada la ley de bienestar animal un año y medio después de su entrada en vigor

El pasado 29 de septiembre de 2023 entró en vigor la polémica ley de bienestar animal que a punto estuvo de crear un cisma en la entonces coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Los impulsores de la norma, del partido morado, se vieron traicionados por los socialistas al no incluir en el texto a los perros de caza. Aunque los de Ione Belarra estuvieron a punto de no votar su propia ley, finalmente salió adelante.

Sin embargo, año y medio después de su entrada en vigor, muchos de sus puntos estrella continúan sin estar vigentes. El curso de tenencia, la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil o el listado positivo de animales siguen en el aire debido a la falta de desarrollo normativo.

Sin esta regulación específica no se puede llevar a cabo la ley en su totalidad, ya que no existen protocolos ni medidas reglamentarias que posibiliten su aplicación practica. «Muchas de las disposiciones se encuentran paralizadas, ya que sin el reglamento que debe publicarse mediante un real decreto, no pueden ser ejecutadas por las autoridades competentes», apuntan desde el Consejo General de la Abogacía Española.

Lo cierto es que el pasado mes de diciembre el Gobierno anunció que sometería a trámite preceptivo de audiencia e información pública «en las próximas semanas» el borrador del reglamento de desarrollo de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Algo de lo que no se ha vuelto a saber nada.

Puntos en el aire

Uno de los asuntos que, por tanto, siguen en el aire, es el llamado listado positivo de animales de compañía, es decir, una relación de aquellas especies silvestres que se considerarán animales de compañía. La Disposición Final cuarta de la Ley explica que el Gobierno aprobará el reglamento que desarrolle este listado positivo de animales silvestres que pueden ser objeto de tenencia como animal de compañía en el plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor de esta ley. De esta forma, esta lista deberá publicarse antes del próximo mes de septiembre.

El curso de formación para tenencia responsable es otro punto que sigue sin aplicarse. Este será obligatorio para los nuevos propietarios de animales de compañía y, aunque se prevé que sea gratuito y en formato online, aún no se sabe cómo ni cuándo se implementará. El Ejecutivo aclaró que no se exigirá a los dueños actuales, sino a los nuevos, y que entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otro de los puntos polémicos reside en la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de perros, algo que ya está vigente en algunas comunidades autónomas. Este seguro, que deberá abarcar daños a terceros con una cobertura mínima de 100.000 euros, deberá estar vigente durante toda la vida del perro, independientemente de su raza. El decreto concede un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que los propietarios puedan contratar este seguro, aunque aún falta por saber si los seguros de hogar que cubran este tipo de eventualidades serán considerados válidos.

El Consejo General de la Abogacía Española destaca que otra de las principales deficiencias es la falta de sistemas de registro para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal. Sin estos registros, denuncian, el control sobre la cría ilegal de perros y gatos se vuelve difícil, lo que agrava las altas tasas de abandono. Además, aún no se han establecido categorías para clasificar a los criadores ni se ha regulado la reproducción de animales de compañía.

También sigue pendiente la definición de protocolos de actuación en casos de animales en riesgo. Procedimientos como el rescate de animales abandonados o atrapados en situaciones peligrosas, como vehículos en condiciones extremas, carecen de un marco normativo claro que permita a las autoridades intervenir con seguridad jurídica.

Todos estos frentes siguen abiertos para el Ministerio de Derechos Sociales que encabeza Pablo Bustinduy y, en concreto, para la Dirección General de Derechos de los Animales que pilota José Ramón Becerra. La tardanza en su aprobación no ha hecho más que generar incertidumbre y frustración entre los profesionales del sector, las protectoras de animales y los propios dueños de animales, que presentan confusión sobre los aspectos novedosos que aún no han entrado en vigencia.