El PSOE rechaza los derechos de cotización de becarios de investigación mientras invierte en asesores para sus ministerios

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a aprobar las medidas pertinentes para garantizar los derechos del personal becario de investigación, a pesar del voto en contra del PSOE, según han informado los populares.

La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a valorar si existe la posibilidad de que estos contratos de investigación y formación pudieran tener efectos, no solo para la Seguridad Social, sino también de cara a los méritos establecido en la carrera profesional, en materia de antigüedad y valoración de méritos investigadores y docentes.

En este contexto, reclama al Ejecutivo que trabaje «sin dilación» y en el marco del diálogo social para adoptar las medidas relativas al antiguo personal becario de investigación que desarrolló su actividad laboral bajo la fórmula de beca, sin cotizar a la Seguridad Social, valorando el posible reconocimiento del derecho a cotización.

También pide al Gobierno que impida «la concurrencia de agravios comparativos y plantear posible soluciones para equiparar la obligación de cotización de los becarios a situaciones anteriores en las que se hayan producido reconocimientos parecidos».

Por último, la proposición aprobada por la Cámara Baja insta al Ejecutivo a valorar la posibilidad de extender este proceso de regularización a un número determinado de años.

El diputado del GPP Ángel Ibañez ha instado al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que los becarios de investigación que desarrollaron su actividad laboral bajo la fórmula de beca, sin cotizar a la Seguridad Social, vean reconocidos sus derechos de cotización a todos los efectos.

El popular ha criticado el voto en contra del PSOE y ha pedido esta posibilidad «no se limite a los cinco años como máximo, que los costes derivados no recaigan íntegramente en ellos y que este reconocimiento se extienda a otros aspectos esenciales de la carrera profesional, como la antigüedad y la valoración de méritos investigadores y docentes».

Asimismo, ha defendido que su propuesta busca «el respeto y la igualdad» para un colectivo que ha dado sus mejores años para aportar valor y talento a universidades, empresas y al conocimiento científico tecnológico.

También ha destacado que se trata de un colectivo con un alto nivel de cualificación y que siguió el proceso para alcanzar el título de doctor, ayudando a situar a España en los altos estándares que ostenta en la actualidad en el ámbito de la ciencia, la investigación y el desarrollo.