El Consejo de Administración de RTVE admite que la policía investiga su papel en el escándalo de las oposiciones filtradas

5.000 opositores que se trasladaron desde todos los puntos de España hasta Madrid para el examen para las oposiciones de Información y Contenidos de RTVE el pasado 29 de septiembre y así optar a las 474 plazas convocadas por el ente público, sufrieron en sus carnes otro de los bochornos que han sacudido al ente público en los últimos meses. Una filtración de preguntas cancelaba la prueba apenas media hora antes de comenzar el examen convocado

«Causas de fuerza mayor» decía RTVE en su comunicado, pese a que los allí presentes ya conocían que alguien había filtrado el contenido de del examen, gracias a la información que había proporcionado el sindicato USO.

Al día siguiente las protestas y el malestar se trasladaron a la sede del ente y la presidenta interina, Concepción Cascajosa, se limitó a pedir «comprensión» y a anunciar que se convocaría un nuevo examen, fijado para próximo 2 de noviembre. Además de presentar una denuncia en la Policía y a comenzar una investigación interna.

Esta nueva convocatoria contará con la participación de un nuevo Comité de Valoración, después de la dimisión de los miembros del tribunal de oposiciones designados por RTVE tras la filtración de las respuestas. De hecho, en ese tribunal y en la ‘guerra’ entre los sindicatos del ente está la clave de todo este suceso.

De hecho, Comisiones Obreras presentaba una denuncia en la Policía, y en un comunicado posterior señalaba a UGT y al área de Recursos Humanos de RTVE que «lleva muchos años favoreciendo esta corrupción a cambio de comprar la paz social».

Así, mientras RTVE ha estado guardando silencio se han ido conociendo datos acerca de esta filtración a través de los medios. Primero salieron a la luz las preguntas del examen y un documento con algunas de las respuestas, lo que llevó a la corporación a publicar el cuestionario de forma oficial.

Además, los metadatos del documento de las respuestas arrojaron un nombre, Julián Pérez Olmos, uno de los miembros del tribunal que consensuó las preguntas del examen, propuesto por UGT, aunque en declaraciones a El País, ha negado que fuera su autor y asegura que se trata de un «señalamiento».

De forma paralela a esta publicación, este viernes, 18 de octubre, RTVE comunicaba que ha abierto un «expediente disciplinario a una persona trabajadora de la Corporación resultado del avance de las investigaciones derivadas de la filtración de las preguntas».

La incoación de este expediente disciplinario, según la corporación «resulta fruto del avance del expediente informativo que se abrió en su día, en base a las instrucciones trasladadas por el Consejo de Administración y su Presidencia interina a, la Dirección de RRHH y Organización de la CRTVE».

Los fundamentos para la apertura de este expediente se basan «en el presunto incumplimiento, por parte de una persona trabajadora, de lo estipulado en el Convenio Colectivo de RTVE, así como del manual de actuación del Comité de Valoración».

Aun así, ha explicado que «queda suspendido ante la existencia de indicios fundados de ilicitud penal y a la práctica actual de una investigación policial en ese sentido», es decir, mientras que la investigación policial y judicial este en marcha, RTVE no tomará más medidas al respecto.

De hecho, el siguiente paso ha llegado de la mano de la Policía, pues ha detenido al presunto autor de la filtración del examen. El varón está acusado de un delito de revelación de secretos y tiene vinculación con el sindicato de UGT, aunque no es Julián Pérez Olmos, el sindicalista y miembro del tribunal al que el ente público ha abierto un expediente.

Este periódico ha tratado de conocer el papel desempeñado antes, durante y después del escándalo propiciado tras la filtración de las preguntas del examen y posterior cancelación, por el máximo órgano de Administración de la corporación pública. ¿Desde cuándo tuvo conocimiento de estos hechos el Consejo de Administración que preside Cascajosa? ¿La sorpresiva suspensión con media hora de antelación, anunciada por el director de recursos humanos desde lo alto de una ventana, fue orden del Consejo de administración? ¿Cómo fue elegido el jurado de la oposición y en atención a qué méritos? ¿Cuántas denuncias previas fueron recibidas previamente en el consejo de RTVE sobre la existencia de un posible fraude, teniendo en cuenta que ya con anterioridad al 29 de septiembre, el día del examen, habían aparecido en diversos medios de comunicación noticias denunciando el fraude?

Según consta en un documento oficial de RTVE del pasado 8 de octubre al que ha accedido en exclusiva El Debate, firmado por el director jurídico de la corporación pública, Ernesto Real Millán, no procede dar respuesta a tales preguntas por aplicación del artículo 14.1.k de la Ley de 19/2013 de 9 de diciembre (sic) cuando realmente se refiere al 14.1.e, admitiendo así que la información requerida por este periódico en relación al papel desempeñado por el Consejo de Administración «está bajo investigación policial».

Sin embargo, a juicio de las fuentes jurídicas consultadas, «el escrito de RTVE sin duda es de una sinceridad sorprendente, pero no hace sino reflejar lo que la ley manda. El Consejo de Administración es el máximo órgano de poder de RTVE, y la normativa establece de manera clara sus funciones. Como mínimo, todo apunta a que ha habido una negligencia grave en la filtración. Si esta proviniera desde dentro del Consejo, algo que pudiera parecer a la vista del escrito, de claro carácter defensivo ante hipotéticas responsabilidades, el asunto sería sin duda muy grave» concluyen las mismas fuentes.

Además, el director jurídico de la corporación, Ernesto Real Millán, amenaza a El Debate tras advertir expresamente a la periodista «por las responsabilidades correspondientes» y afirmar que hacer público el documento de RTVE «podría suponer una violación del principio de licitud, lealtad y transparencia»

Aun así, resulta difícil entender en qué medida puede dificultar la investigación o perjudicar la «prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», dar a conocer a la ciudadanía, la «relación de medidas que el Consejo va a adoptar para indemnizar y resarcir a los opositores y para evitar que en el futuro puedan existir más filtraciones».

Del mismo modo, tampoco dificultaría la investigación, el hecho de que se conociera el hecho de quién dio la orden de cancelar el examen o como se acordó la convocatoria de las oposiciones y la elección del tribunal, una información que debería ser pública para garantizar, precisamente la transparencia del proceso.

Así, en lugar de dar explicaciones, RTVE ha optado por remitir al enlace al comunicado emitido el pasado 3 de octubre en el que se informa de la nueva fecha prevista.

En este comunicado, RTVE explicaba la apertura de una «exhaustiva investigación interna» y las modificaciones realizadas respecto a la anterior convocatoria, que pasan crear la figura de la Presidencia del Comité que, junto con la Secretaría, serán los únicos conocedores del contenido íntegro de la prueba.

Además, se elaborarán 2 exámenes, uno de ellos de reserva y, se reducirán los tiempos respecto a la elaboración e impresión de pruebas.

Guerra abierta por el control de RTVE

De esta forma, RTVE se enroca pese a que son de sobra conocidos los problemas en el seno de la corporación. Una guerra abierta entre sindicatos y entre los propios miembros del Consejo de RTVE, y una presidenta interina, con un mandato caducado desde finales de septiembre, y con unos apoyos insuficientes pero que se aferra al cargo.

Sin embargo, Moncloa ya ha decidido controlar el ente público por completo, a través de un real decreto ley pactado entre el PSOE y Sumar que garantizará a Pedro Sánchez la renovación total y el control del ente público para los próximos seis años, dando también entrada al Consejo a los partidos independentistas.

El nuevo Consejo de Administración estará formado por 15 consejeros en lugar de los 10 actuales, de forma que 11 serán nombrados por el Congreso, que son los que se repartirán los socialistas y sus socios. Por el contrario, los populares solo podrán designar los cuatro consejeros restantes, los que se votarán en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.