El Supremo rechazó en 2003 la cesión al PNV del palacete del Cervantes en París que le quiere regalar Sánchez

La pugna por la propiedad del palacete que alberga la sede del Instituto Cervantes en París se ha convertido en uno de los inesperados dramas de la legislatura.

Recientemente, el PNV logró arrancar al gobierno de Sánchez una histórica cesión de la propiedad al partido nacionalista, una vieja reclamación del partido presidido por Andoni Ortuzar que defendía que el palacete situado en el exclusivo se compró en 1936 con donaciones de afiliados, acogió al gobierno vasco en el exilio tras la Guerra Civil y fue incautado por el franquismo con la complicidad de las fuerzas de ocupación alemanas.

Sin embargo, la cesión del gobierno de Sánchez cuenta con antecedentes en contra que destruyen toda la argumentación para su cesión.

En 2003, en la época del gobierno de José María Aznar, el Tribunal Supremo ya había desestimado el recurso de los independentistas para obtener la cesión del inmueble. Argumentaba entonces el Supremo que la titularidad del inmueble no estaba clara y que, en cualquier caso, la documentación aportada por el PNV apuntaba más a una propiedad del gobierno vasco que del partido.

Argumenta el Partido Nacionalisa Vasco que desde la publicación del BOE el 24 de diciembre de 2024 de la norma que permitía su cesión, no se pueden anular los efectos producidos durante su vigencia.

A los nacionalistas vascos no les ha gustado el voto en contra del Partido Popular que les ha impedido la imagen de su «victoria total» sobre el Estado.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, no se ha tomado nada bien el rechazo del decreto y ha llamado al portavoz del PP en la cámara baja «torpe», «maleducado» y «sinvergüenza» de ideas «neofascistas».

Tellado, por su parte, se felicitó de la caída de lo que denominó «decreto trampa» traído al Congreso por el Gobierno: «Sánchez ha pretendido mezclar en él la revalorización de las pensiones con el regalo al PNV de un palacete en París como pago para sostenerle en el poder, cortesía de los españoles… Si de verdad quieren garantizar la subida de las pensiones y las ayudas a los afectados por las riadas, pueden votar a favor de las dos Proposiciones de Ley que hemos registrado hoy».

El edificio, de 1.309 metros cuadrados, se encuentra en el número 11 de la Avenida Marceau y, en caso de cesión, el Estado debería pagar hasta 2030 un alquiler al PNV al precio de mercado. Después de esa fecha, el Estado perdería su derecho a uso del inmueble y el PNV se encontraría con las manos libres para hacer y deshacer a su antojo con esa propiedad.

Según defendió la versión del PNV el inmueble lo adquirió el partido el 12 de septiembre de 1936 antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía y de la formación del gobierno vasco con fondos recaudados por el partido.

Tras el fin de la Guerra Civil, defiende el PNV, el gobierno vasco en el exilio se instaló en el palacete hasta el 19 de julio de 1943, cuando las autoridades del París ocupado por los nazis establecen que el gobierno español pasa a ser el nuevo propietario del edificio al no reconocer la legitimidad de ningún gobierno vasco.

Para amparar legalmente la cesión, el gobierno de Sánchez ha legislado en los últimos años para poder pagar ese peaje al PNV si opción a impugnación judicial.

Así, en la Disposición adicional novena, titulada «bienes y derechos incautados en el extranjero», de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se dispone que los beneficiados por la n la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados, aprobada durante el gobierno de Aznar, «serán de aplicación a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero».

Además, establece que los beneficiarios «lo serán también los partidos políticos respecto a los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial o económico que hubiesen pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica sustentada en negocios o pactos de interposición personal».

La Disposición adicional novena de la Ley de Memoria Democrática parecía redactada pensando, en concreto, en el edificio del Instituto Cervantes de París que reclamaba el PNV, y el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, «por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social», lo confirmó.

Este real decreto, publicado el 24 de diciembre de 2024 en el BOE, señala en su Disposición adicional segunda que, «de conformidad con los principios inspirados de la legislación sobre Memoria Democrática y sobre restitución de bienes incautados a partidos políticos», se atribuye al PNV la propiedad del inmueble titularidad de la Administración General del Estado situado en la Avenida Marceau número 11 de París.

La Disposición matiza, no obstante, que «el inmediato traspaso de la propiedad, el Instituto Cervantes podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030», y que el Estado podrá seguir haciendo uso del inmueble hasta esa fecha «abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado».