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Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (1897) de Claude PisarroMuseo Thyssen-Bornemisza

Continúa la lucha legal por el cuadro de Pisarro del Thyssen que reclama una familia judía

Se trata de Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (1897), la pintura robada por los nazis en 1939 y que el barón compró después de la II Guerra y el Estado español adquirió en 1993

Un juzgado de California ha decidido este lunes enviar al Tribunal Supremo estatal el caso que enfrenta a los Cassirer, una familia de origen judío, contra el Museo Thyssen-Bornemisza de España por la propiedad de un Pissarro expuesto desde 1993. Se trata de Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (1897) cuyo quid es que no se sabe qué ley aplicar, si la federal (que ya dio la razón al museo y que tuvo en cuenta la legislación española) o la estatal californiana, que impide la compra de un bien robado.

«Aunque se han juzgado muchos casos de residentes en California que han sufrido lesiones por acusados fuera del Estado, no encontramos ningún caso precedente en el que se trate la asignación de un bien robado», dice el documento judicial. La norma de conflicto es la que decide qué ordenamiento rige el proceso, si el español o el californiano, ya que el demandante es estadounidense y el demandado extranjero.

El cuadro de Pissarro fue propiedad de la familia judía Cassirer hasta 1939, cuando se vieron obligados a entregarlo a los nazis a cambio de poder huir de Alemania e instalarse en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial fue adquirido por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y en 1993 por el Gobierno español como parte de la compra de su colección privada.

El año pasado el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de los Cassirer señalando que la legislación a aplicar es la del estado de California, donde se interpuso la primera demanda, y que el caso debía reabrirse en esa jurisdicción. Por otro lado, un juez federal había dado la razón al museo en 2019, según la legislación española, señalando que el barón no actuó de «buena fe» al adquirir el cuadro sin verificar su origen, pero el museo sí lo compró de «buena fe».

El museo y el Estado español han defendido siempre que el cuadro es suyo y que el ordenamiento que prima es el español, que reconoce que, al no saber ni el barón ni el Gobierno su origen ilícito, la propiedad es legítima. En la causa están personadas desde 2017 la Comunidad Judía de Madrid y también la Federación de Comunidades Judías de España, que se sumó al recurso.

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