Una persona espera en las inmediaciones de una Oficina de Empleo en Madrid
España, atrapada en la 'trampa del desempleo'
Muchos españoles no ven atractivo trabajar ya que es más beneficioso vivir de las prestaciones sociales
Con un 13,26 %, España tiene la tasa más alta de desempleo de toda la Unión Europea y estamos muy lejos de nuestro mínimo histórico. Mientras el Gobierno juega a esconder fijos discontinuos, las comunidades esperan la llegada de los fondos europeos que deberían haber llegado ya –y ya veremos qué regiones son las más agraciadas–. Pero hasta el momento, todas las políticas sociales del Gobierno están ayudando a aumentar la llamada ‘trampa del desempleo’.
Desde los años setenta, España viene sufriendo un grave problema de desempleo con tasas superiores al 25 % durante los peores años de la última crisis financiera. A finales de los ochenta, el gasto en protección por desempleo registró una fase expansiva hasta 1992, cuando Felipe González metió un buen tijeretazo con la excusa de moderar las elevadas tasas de reposición de entonces y porque desincentivaba la búsqueda de empleo.
España se había endeudado hasta las cejas entre autopistas, vías férreas, la Expo de Sevilla y los Juegos de Barcelona, y ya se empezaban a notar los efectos de la guerra del Golfo. González sabía, aunque la jugada le costaría la tercera huelga general de su presidencia, que el aumento del paro dispararía el gasto público –la deuda pasó del 22,2 % al 67,4 % del PIB durante su mandato– ya que los desempleados que cobraban salarios bajos –dos tercios o menos del salario medio– no veían rentable incorporarse al mercado laboral.
Esto se produce por la trampa del desempleo, que mide el porcentaje de los ingresos brutos a los que se retiran impuestos por los efectos combinados de la retirada de las prestaciones y el aumento de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. Cuanto más amplio es este porcentaje, incorporarse al mercado de trabajo resulta menos atractivo ya que para algunas personas es más beneficioso continuar viviendo de las prestaciones sociales.
Esta tasa de impuesto sobre los salarios bajos asciende en nuestro país al 82,2 %, ocho puntos por encima de la media europea (74,3 %), y dos puntos por encima (80,2) de la que registraba nuestro país en 2005, primer año de la serie del Eurostat. Esto significa que un parado solo notará una mejora del 17,8 % de sus ingresos por trabajar y que, lejos de mejorar, los incentivos son menores que hace 18 años.
El problema es que los países de la UE no acaban de dar con la tecla. Tan solo Austria (-13,4 puntos porcentuales), Eslovenia (-11,3) y Grecia (-7,9) han conseguido reducir considerablemente esta tasa en los últimos años, mientras que otros como Lituania (+23,7), Malta (+16,3) y Hungría (+13,6) directamente se ha disparado.
En la reforma laboral de 2012, Rajoy introdujo por mandato de Bruselas una modificación para reducir el importe de la prestación al 50 % de la base reguladora a partir del séptimo mes, pero es difícil asegurar que la drástica reducción del paro a partir de 2013 fuera consecuencia de esta medida ya que otros países han aplicado disposiciones similares sin ningún efecto.
Umbral de renta libre
Muchos expertos apuntan a la cuña fiscal –lo que se llevan del sueldo los impuestos y las cotizaciones– que en España asciende al 39,5, según datos de la OCDE. Un informe del Instituto de Libre Mercado lituano –en este país se da la circunstancia que para algunas personas trabajar puede suponer una pérdida de poder adquisitivo– recomendaba, entre otras medidas, igualar el umbral de renta libre de impuestos al salario mínimo de manera que las pérdidas presupuestarias sufridas por la menor recaudación del IRPF se verían compensadas por los ahorros derivados de la reducción de las prestaciones por desempleo.
Esta propuesta, y de acuerdo con la última reforma de pensiones de Escrivá, es virtualmente imposible de aplicar con el gobierno de Pedro Sánchez. De momento, el Gobierno ha anunciado un plan de 2.803 millones de euros para políticas de empleo a lo largo de 2023 procedentes de los fondos europeos que repartirá a las comunidades en la próxima conferencia sectorial que se celebrará en las próximas semanas.
Según el Ejecutivo, esta dotación «permitirá llevar a cabo actuaciones para combatir el paro, especialmente el de larga duración al que se dedicarán una parte importante de estos fondos». Habrá que esperar para ver en qué consiste el plan y qué comunidades se beneficiarán más de las ayudas, pero parece complicado que el reparto de fondos a diestro y siniestro a costa de aumentar la deuda pública vaya a solucionar el problema.
