El estado de las autonomías: 240.500 millones de gasto

Después de la resaca electoral del 24 de julio, no queda otro remedio que volver a la normalidad y seguir analizando la realidad económica de nuestro país, para que todos los lectores de este diario sepan en qué se gastan nuestros políticos el dinero que les damos a través del pago de nuestros impuestos.

Estamos a punto de cerrar el mes de julio, que va a ser tremendamente interesante por el avance de la inflación y del PIB del segundo trimestre, la recaudación de junio, y los gastos a mayo consolidados y por separado de la Administración Central, de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. Pocos días después, el Tesoro nos dirá si, con la recaudación de julio, ha sido capaz de amortizar algo de deuda como todos los años en este mes.

Así que, mientras llegan todas las novedades, hoy voy a aprovechar la web del Ministerio de Hacienda, que ha puesto a disposición los datos de cierre del 2022 de las Comunidades Autónomas y hoy se lo vamos a dedicar al conjunto de las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas.

El Estado de las Autonomías nos costó en 2022, la nada despreciable cifra de 240.500 millones de euros y pudo ser mucho peor.

Y digo que pudo ser mucho peor, porque el Ministerio de Hacienda tiene la mala costumbre de mes a mes aprobar a las comunidades cambios en sus presupuestos. Y es una mala costumbre, porque se le olvida que los presupuestos son aprobados por las asambleas, parlamentos o juntas de las comunidades y luego sometidas a aprobación por parte del Ministerio. Estas modificaciones, al igual que con los Presupuestos Generales del Estado, se aprueban simplemente por el Consejo de ministros.

Y Hacienda aprobó unos presupuestos de 237.000 millones para el 2022, autorizó hasta 264.000 millones y, afortunadamente para los españoles, el resultado final fue de 240.500 millones en número redondos.

Pero veamos todos estos datos para poder entender que ha pasado y como se han gestionado cada una de las partidas del presupuesto.

Así tenemos que el año 2021, los gastos oficiales de las Comunidades Autónomas fueron de 193.739 millones en Gastos no Financieros, tal como los representa la Contabilidad Nacional que sirve para enviar datos a Eurostat, y con 45.890 millones de Gasto Financieros, que representan 43.277 millones de euros de deuda que se amortizó y 2.613 millones de préstamos que se devolvieron.

El gasto total contabilizado fue de 239.630 millones de euros.

El presupuesto que se aprueba por las Comunidades supone una ligera subida del Gasto no Financiero hasta 195.988 millones, que significa un incremento sobre el gasto real de un 1,1 %, mientras que en el gasto financiero se presupuesta una bajada del 10,7 %, dejando el presupuesto para 2022 en 236.970 millones que es una caída del 1,1 % sobre lo realmente ejecutado en 2021.

Cosas significativas del Presupuesto comparado con el gasto: se presupuestan gastos corrientes inferiores a los ejecutados en 2.520 millones y, por lo tanto, ya se ve que se ha hecho mal. Lo mismo pasa con las transferencias corrientes que se presupuestan 6.639 millones menos, en cambio en Inversiones se presupuestan 5.579 millones más y en las Transferencias de capital, que son para inversiones también, se presupuestan otros 3.433 millones más.

En la amortización de deuda se presupuestan 4.635 millones menos y a algún consejero de Hacienda habría que irle poniendo de patitas en la calle en alguna de las comunidades, por no saber lo que se va a amortizar durante el 2022.

Pasan las semanas y pasan los meses y cada mes el Presupuesto aprobado sufre modificaciones hasta llegar a final del ejercicio que se termina con un presupuesto de 264.124 millones que son 27.153 millones más que los aprobados, lo cual demuestra la incompetencia de muchos de nuestros gestores en las comunidades. Unos presupuestos aprobados no pueden sufrir modificaciones por un 11,5% sobre los presupuesto originales.

Así vemos que, como ya se intuía, hay una modificación al alza del 16,4 % en Gastos Corrientes, se sube el presupuesto de Inversiones en un 11,8 % y el de Transferencias de capital en un 36,0 % y veremos que, como siempre, a la hora de ejecutar inversiones nuestros políticos suspenden en esta asignatura año tras año.

Y en la amortización de la deuda, el presupuesto se ve modificado al alza en un 7,9 %.

La pregunta sencilla para todos los presidentes de las comunidades autónomas es: ¿para qué hace usted modificaciones al alza, si luego no es usted capaz de ejecutarlas?

Estamos ante un modelo de la ridiculez del gasto, que afortunadamente nos beneficia a los ciudadanos, porque resulta que, a la hora de la verdad, las comunidades solo han sido capaces de ejecutar el 91,1 % del gasto último presupuestado y un 0,4 % más que en 2021.

No hay, afortunadamente, ni una sola partida que llegue al 100 % del presupuesto, pero donde nuestros políticos hacen el ridículo están en las inversiones donde se han quedado al 53,0 % y en las Transferencias de capital donde se quedan al 60,0 %.

Por lo tanto, nuestro Estado de las Autonomías nos ha costado 240.500 millones un 0,4 % más que en el 2021, con un riesgo de que nos pudiese haber llegado a costar 264.100 millones.