El gasto en diputaciones y cabildos ascendió a 39.296 millones en 2023, el 5,6 % del total del gasto público

Se habla muy poco de que hacen las diputaciones y los cabildos, de cuanto nos cuestan, de como evolucionan sus gastos y a que los dedican, así que en este final veraniego voy a ir contando todos estos temas para que así podamos ir evaluando, poco a poco, el sentido de la existencia de estas organizaciones públicas.

Las diputaciones provinciales se crearon en 1812 con la Constitución de Cádiz. El objetivo era ayudar a mejorar la gestión de las provincias, ya que hasta entonces la administración local estaba completamente sin desarrollar. Fueron suspendidas con la llegada del absolutismo y se reinstauraron en 1833. A partir de entonces, las diputaciones se consolidaron como órganos de gobierno provincial.

Los cabildos tienen una tradición más antigua en las Islas Canarias, remontándose a la época de la conquista de las islas en el siglo XV. Los cabildos eran asambleas o gobiernos locales que representaban a la población insular. Los cabildos actuales nacen oficialmente en 1912, con la Ley de Cabildos Insulares, que reconoce la singularidad de las Islas Canarias y les otorga una forma específica de autogobierno.

Las funciones principales de las diputaciones provinciales son coordinar y apoyar a los municipios de su provincia, especialmente aquellos con menos recursos, y en teoría, administrar los servicios públicos de competencia provincial, como carreteras, servicios sociales, cultura, y medio ambiente, aunque muchas de estas últimas funciones se solapan con las funciones que desarrollan las comunidades autónomas. En la Constitución del 78 y en el artículo 141 se establece en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales que estas pueden asumir directamente las funciones de las diputaciones provinciales.

Pero estamos en el Siglo XXI, a punto de terminar el primer cuarto, tenemos en la actualidad 47 organismos provinciales que dan servicios a los ayuntamiento pequeños, en funciones y responsabilidades que muchas veces se solapan y complementan con las comunidades. Y ahí lo dejo, porque cada día lo tengo más claro que este país no puede tener una Administración Pública tan compleja y de tanto coste.

En cualquier caso, lo que he preparado a continuación es como se cerró el año 2022 y cuanto nos costaron las diputaciones y cabildos y que pasó en 2023:

Así tenemos que las diputaciones y cabildos nos han costado en total 39.295 millones de euros, con una subida del gasto en un 9,2 %, que suena a tener una subida tremenda porque supone tener unos gastos superiores a 2022 en 3.298 millones.

Pero si lo miramos por partidas, resulta que los gastos de personal suben en un 6,4 %, pero los gastos corrientes en bienes y servicios, lo hacen un 10,5 %, o sea, que para funcionar en el día a día, las diputaciones y cabildos necesitan gastarse más en gastos generales que en gasto de personal y encima la subida es tremendamente preocupante.

Y encima, desafortunadamente, necesitan pagar 110 millones en intereses, que significa un incremento del 18,7 %.

La partida que de verdad sirve para ayudar a los ayuntamientos es las transferencias corrientes que se va hasta los 20.449 millones que suben en un 8,0 %, que equivalen a 1.519 millones y que debería analizarse, en cuanto compite con las comunidades para no duplicar esfuerzos y gastos.

En la parte de operaciones de capital, las inversiones se van hasta los 4.462 millones, con una subida del 14,7 % y en transferencias de capital, para que los ayuntamientos hagan inversiones alcanza a la cifra de 4.004 millones con una subida del 13,9 %

Por lo tanto, lo que se considera como gasto de verdad de las diputaciones y cabildos, las llamadas operaciones no financieras, suben un 9,5 % y se van a los 38.009 millones, que sumados a las operaciones financieras suma los 39.295 millones.

Para que nos quede claro a todos, esta parte de la Administración del Estado supone el 5,6 % del total del gasto público, en donde si en algún momento algún político se plantea que hay que hacer una reforma de la Administración de nuestro Estado, para convertirnos en un país moderno, que sepa que tiene trabajo y como dicen los sajones «room for improvement», vamos que hay espacio para la mejora y trabajando con seriedad y profesionalidad se pueden reducir no los 38.000 millones pero si un porcentaje aceptable de ese gasto.