Sánchez reedita la fracasada empresa pública de vivienda de Zapatero: «Es humo y propaganda»

«Humo y propaganda». Así califican desde algunas comunidades el anuncio de Pedro Sánchez de crear una «gran empresa pública de vivienda» que se encargue de la construcción y gestión de inmuebles para «combatir» a aquellas regiones que no cumplan con la Ley de Vivienda, en referencia a las gobernadas por el Partido Popular. Los expertos dudan de la utilidad de este ente, que recuerda a la Sociedad Pública de Alquiler, que estuvo vigente entre 2005 y 2012 y acabó dejando un agujero de 54 millones en las arcas públicas.

El Gobierno está empeñado en aplicar la Ley de Vivienda por lo civil o por lo criminal. Hace unas semanas, la ministra, Isabel Rodríguez, amenazó con cortar el grifo de la financiación para vivienda a las autonomías «insumisas» a pesar de que la Constitución establece claramente que es una competencia regional. Estas comunidades se atienen al artículo 18 de la Ley que señala que «las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado». Es decir, es de carácter potestativo.

Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que el anuncio de una nueva empresa pública «va en la línea habitual, puro humo y propaganda», como ya ocurrió con las 184.000 viviendas públicas y de carácter asequible que prometió Pedro Sánchez en las campañas de las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023. «En la Comunidad de Madrid no aplicaremos ningún tope porque se ha demostrado perjudicial allí donde se ha aplicado, reduciendo la oferta del alquiler e incrementando los precios», añaden.

Desde la Consejería de Andalucía, otra de las «insumisas», recuerdan que la Ley de Vivienda «se gestó a espaldas de las Comunidades», y que con la creación de una empresa pública de vivienda «parece que quieren intervenir las propias autonomías».

El Gobierno, de momento, no ha dado muchas pistas sobre este nuevo ente. El secretismo es tal que el propio PSOE no incluyó ningún organismo de nueva creación en las propuestas presentadas en el Congreso Federal a pesar de que fue la medida estrella anunciada por Sánchez, y desde el Ministerio de Vivienda solo han explicado que se dotará de «más esfuerzos» a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) para que se pueda dar cumplimiento a la Ley de Vivienda y al compromiso del Ejecutivo al respecto. Alguien mal pensado podría decir que ni siquiera la cartera de Rodríguez está al tanto de esta empresa.

«Una empresa pública de vivienda tiene poco sentido atendiendo tanto al sistema competencial español como a los antecedentes que hemos tenido», explica Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili y fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda. «Cada Comunidad ya tiene además su propia empresa pública o agencia encargada de gestionar y promover la vivienda pública, por lo que no sé cuál será su rol más allá de burocratizar el sistema y duplicar servicios», señala.

Actualmente, ya existen tres empresas estatales con responsabilidades sobre vivienda: el Sepes, que se encarga de la promoción del suelo; la Sareb, que gestiona los inmuebles resultantes de la crisis bancaria; y el Fondo Social de Vivienda, creado en 2012 para ofrecer cobertura y que cuenta con una cartera de unas 10.000 viviendas sociales, «una cifra ridícula en comparación con la que gestionan municipios como Madrid o Barcelona», apunta Nasarre.

La Sociedad Pública de Alquiler acabó dejando un agujero de 54 millones de euros

Además, el Estado ya tuvo un mal precedente con la llamada Sociedad Pública de Alquiler, creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 para dinamizar el parque de viviendas en renta y que acabó dejando un agujero de 54 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy la cerró en 2012 dentro del plan para reducir empresas públicas, fundaciones y organismos autónomos.

«Hacer de agente inmobiliario es muy difícil», afirma Nasarre. «Precisamente son las comunidades y los municipios los que saben cuáles son los problemas de vivienda. Por eso las competencias son autonómicas. Insistir en esto es un error», comenta.

Este catedrático de Derecho Civil participó hace unas semanas en la comisión del Congreso en la que abroncó a los diputados por la falta de soluciones ofrecidas para solucionar el problema. «El mercado necesita oxígeno. Empiecen por derogar el 80 o el 90 % de la Ley de Vivienda, dejen de proteger a los okupas, del control de renta y de las duraciones forzosas y la gente que se marchó al alquiler de temporada volver. Luego, las comunidades díscolas se acogerán esta ley», concluye. Más claro, imposible.