Muface: angustia ¿y privilegio? Lo que saben el Gobierno y las aseguradoras

El sistema sanitario público no puede absorber a las personas que ahora reciben atención a través de los seguros médicos privados financiados por las mutualidades de funcionarios y personas de las fuerzas armadas. Suman más de 2.150.000 cuando se consideran conjuntamente a los afiliados a Muface, el ISFAS y Mugeju. El gobierno lo sabe y las aseguradoras, también.

Así las cosas, las rondas de subidas de la aportación por mutualista que está ofreciendo el gobierno –la última de un 41,2 %–, se parecen a los fascículos de un coleccionable o a los capítulos de una telenovela. Una telenovela cuya evolución angustia a decenas de miles de personas que perciben que están viviendo una situación de desamparo asistencial. Efectivamente, el proceso tiene mucho de puesta en escena pero no deja de ser una negociación dura entre protagonistas con fuerte poder de mercado.

Por una parte, la cobertura médica de los mutualistas (un 72,2% a través de compañías aseguradoras privadas en el caso de Muface) no deja de ser vista como un privilegio por una buena parte de la sociedad española. Al mismo tiempo, los funcionarios representan un cuerpo electoral muy influyente con el que ningún gobierno querría enemistarse.

En el otro lado de la mesa, el sector de las aseguradoras privadas agrupadas en torno a Unespa, está sumamente concentrado. Sólo tomando como referencia a las acudieron a la última licitación para atender a los afiliados a Muface, tres de ellas suman en 72,2 % de la cuota del mercado; Adeslas (34 %), Asisa (25 %) y DKV (13,2 %). Este grado de concentración es incompatible con el estándar que exigen las normativas que supervisan el cumplimiento de las leyes de competencia en la Unión Europea. El índice Herfindahl-Hirschman, que es el más utilizado para medir el grado de concentración de un mercado, alcanza un valor altísimo en el caso que mencionamos.

Pocas aseguradoras dando cobertura a un volumen de asegurados tan alto tienen en su mano, no sólo un poder de negociación muy alto; también tienen muy fácil actuar concertadamente decidiendo no acudir a una licitación pública a sabiendas de que el sistema público no puede absorber a los que ahora atienden los seguros médicos privados.

La presión negociadora es aún mayor cuando se incluye en la ecuación a los centros sanitarios privados con los que acaban llegando a acuerdos las aseguradoras privadas. También aquí el grado de concentración es muy alto. Sólo cinco grupos hospitalarios cubren la tercera parte del mercado; Quirón, Hm, Vithas, HLA y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Pero el resumen del sector sanitario privado no es sólo su grado de concentración y poder de negociación. Es mucho más complejo. A la falta de profesionales sanitarios hay que sumar en este caso que el 66 % es personal colaborador, esto es, son profesionales que prestan sus servicios como trabajadores autónomos y no como empleados. Los esfuerzos aquí para retener talento son más elevados que en la sanidad pública.

Los esfuerzos para retener talento en la sanidad privada son más elevados que en la pública

Así las cosas, la diferencia entre el gasto que aporta en Estado por persona en el sector sanitario público es de unos 2.170 euros mientras que la aportación por mutualista a las aseguradoras es de apenas 1.200. Con esta cifra se tiene que cubrir el coste de la atención sanitaria, el beneficio de los centros médicos y el beneficio de las aseguradoras. Ciertamente difícil.

Ahora la propuesta del gobierno es subir la prima un poco más del 40 %. Una subida que saldrá del bolsillo de los contribuyentes y de la emisión de deuda pública. Aún así, la diferencia entre la financiación del sistema público y del privado es muy alta. Téngase en cuenta, además, que el mismo Ministerio de Sanidad, en un documento publicado a finales del año pasado, dejaba bien a las claras que el perfil de afiliado a Muface se concentraba en el cohorte de edad que va de los 60 a los 69 años. Si tenemos en cuenta que las personas de más de 65 años reciben el 36% del gasto sanitario, es fácil saber que el personal al que han de dar cobertura las aseguradoras que atiendan a los mutualistas, será cada vez demandante de mayor asistencia sanitaria.

La pandemia demostró que la colaboración entre los sistemas sanitarios público y privado en España resultó clave para afrontarla. Junto a lo anterior, si ya hay una buena parte de la opinión pública refractaria a la idea de beneficio empresarial, la de obtener beneficio a cambio de prestar servicios de salud, se le indigesta aún más. El gobierno lo sabe y lo pone como elemento adicional encima de la mesa a sabiendas que el sistema público no podría atender la migración de mutualistas desde el sistema privado.

Contemplando toda este proceso vemos a más de dos millones de compatriotas a la espera de su solución y a los profesionales de la salud que, además de insuficientes en número, cada vez están menos dispuestos a pasar consulta como colaboradores autónomos a cambio de unos pocos euros.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino