Montero premia la pésima gestión del independentismo con una quita diseñada contra las rebajas de impuestos del PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido a las Comunidades Autónomas del régimen común una quita de deuda por valor de 83.252 millones de euros como compensación para las cesiones del Gobierno a los independentistas catalanes. Se trata de una oferta diseñada para penalizar a las regiones gobernadas por el Partido Popular ya que premia a aquellas que hayan incrementado la presión fiscal entre 2010 y 2022.

La didáctica de Montero para justificar la condonación es hilarante, máxime cuando es responsable como ministra de Hacienda de un incremento de la deuda pública de 421.000 millones de euros. Para la ministra se trata de una deuda injusta, herencia de las políticas inadecuadas de Mariano Rajoy que obligaron a las comunidades «a sobreendeudarse» a través de mecanismos «como el FLA» que las sometió «a fuertes recortes financieros».

Omite, sin embargo, que este fondo se puso en marcha ante la incapacidad de muchas autonomías para conseguir financiación por su situación crediticia y que fue la pésima gestión de algunos dirigentes la que disparó la deuda durante los años siguientes. Por no mencionar que, de ser tan flagrante esta tropelía fiscal, este Gobierno ha tardado casi siete años en resolverla.

Para las comunidades, y según palabras de Montero, la quita supondrá «menos intereses que pagar y más recursos para el Estado del bienestar», así como sanear las cuentas públicas para «facilitar el acceso a los mercados». El reparto deja a Andalucía como comunidad más beneficiada (18.790 millones de condonación en total), seguida de Cataluña (17.104 millones), Comunidad Valenciana, 11.210 millones y Madrid (8.644 millones) que, en su caso, el Estado asumiría vía deuda pública el pasivo con financiación exterior ya que en su momento decidió no acudir al FLA.

La condonación se realizará a través de tres fases: una primera que calcula el sobreendeudamiento de las Comunidades en la crisis financiera con un 75 % del importe repartido bajo el criterio de población ajustada; otra que garantiza que ninguna autonomía quede por debajo de la condonación media resultante del paso anterior; y una última fase en la que se identifican a las regiones que durante el periodo 2010-2022 «hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado a la media» y «hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF».

Este último punto es clave, ya que es un ataque directo a las comunidades gobernadas por el PP, que en los últimos años han extendido un modelo de rebaja de presión fiscal a través de impuestos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e IRPF. De hecho, todos los presidentes autonómicos del PP sin excepción han denunciado la «oferta trampa» de Montero, que califican de un «trágala a punta de pistola». El propio Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ya ha adelantado que sus comunidades votarán en contra de la oferta de la ministra de Hacienda ya que premia «la mala gestión, los privilegios y la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas».

Irresponsabilidad fiscal

Este asunto, el de la mala gestión, es el que más colea. Los expertos llevan tiempo advirtiendo que una quita agravará los problemas de incentivos que ya sufre el régimen común. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, señalaba en un documento de trabajo que, «a la vista de experiencias previas, cualquier condonación no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará sin coste alguno y constituye una invitación a la indisciplina fiscal».

«Pero es que además», continuaba, «esta parte del acuerdo viene a ser un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado. Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, el acuerdo es difícilmente superable».

Un ejemplo de esta nefasta gestión se observa en la evolución de la deuda con el FLA de ciertas comunidades. Desde finales de 2018, Andalucía ha ido frenando el incremento de pasivo con este fondo e incluso reduciéndolo en los últimos trimestres, mientras el de Cataluña y Comunidad Valenciana no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 77.053 y 54.745 millones respectivamente.