Los contratos a empresas públicas se duplican en solo dos años a costa de perjudicar al sector privado

Desde que el Gobierno aprobara una normativa para facilitar la adjudicación de obras públicas a empresas estatales, el número de encargos a medios propios se ha duplicado. Aunque desde varias instancias se ha advertido del abuso de esta figura, las Administraciones siguen mirando para otro lado ya que les permite cumplir el plazo de ejecución de los fondos europeos a costa de distorsionar la competencia y perjudicar al sector privado.

El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que el plazo para ejecutar los fondos europeos finaliza el 31 de agosto de 2026 y su cumplimiento está dejando muchas dudas. Según los datos de la AIReF, casi la mitad de estos fondos no se han ejecutado todavía y son las adjudicaciones a infraestructuras las que mejor desempeño están mostrando.

El Gobierno, en el Real Decreto-ley 36/2020, posibilitó al sector público la ejecución mediante encargo a medio propio de las prestaciones de los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación. Esto ha provocado que el número de encargos haya pasado de 2.197 por valor de 1.935,3 millones de euros en 2021, a 4.192 encargos por valor de 4.093,5 millones en 2023, según datos de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

De estos más de 4.000 millones de euros, casi el 40 % se concentran en empresas del Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público y que actualmente está de actualidad por haber colocado a dedo a la supuesta novia de José Luis Ábalos. De hecho, el número de trabajadores de esta compañía ha crecido un 37 % en ese tiempo.

Fuentes del sector explican que, para las Administraciones, es mucho más fácil acudir al encargo con medios propios ya que permite no hacer licitación que, de sacarse a concurrencia, supone un retraso mínimo de tres meses. «Esto ha permitido a las empresas públicas licitar con mayor rapidez y mantener el límite de agosto de 2026, pero estamos dándole el importe a la propia Administración, y provoca un déficit de mano de obra en el sector privado y la pérdida de competitividad», apuntan.

El problema, añaden estas fuentes, es que estos contratos resultan más caros que si se presentaran a concurso público, por lo que distorsiona el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que el encargo a medios propios es una excepción a los principios de libre competencia y no discriminación en la contratación pública, y que debe aplicarse de forma restrictiva. La CNMC, por su parte, ha advertido que el uso excesivo de estos encargos puede distorsionar la competencia al excluir a licitadores del sector privado, y perturbar la eficiencia en la gestión de fondos públicos con precios más altos y menor calidad de los servicios.

Pero el informe más crítico al respecto lo emitió el pasado año el Tribunal de Cuentas tras fiscalizar los encargos ejecutados por Tragsa durante los ejercicios 2021 y 2022. Este organismo detectó debilidades y deficientes en la ejecución de encargos de emergencia, así como en el control interno y el seguimiento de la subcontratación.