Más de 4.200 millones en sentencias judiciales pendientes amenazan con impactar sobre el déficit de España

España afronta en los próximos años el impacto de decisiones judiciales que, en el peor de los casos, podrían suponer un impacto cercano a los 4.230 millones de euros, según una estimación de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La cifra procede del análisis de riesgos fiscales publicado recientemente por el organismo, en el que se recoge también que el Estado destina, de media, mil millones de euros al año al pago de sentencias judiciales desfavorables.

Estas decisiones, apunta la AIReF, pueden impactar en el déficit público. De hecho, el organismo denuncia «errores recurrentes» que han sido «los principales responsables de la materialización de numerosos riesgos fiscales». A saber: el abuso del Real Decreto-Ley y la extralimitación normativa respecto a lo recogido por la ley. Pero también sorprende a la autoridad independiente que, en algunas ocasiones, se llegara a tropezar hasta dos y tres veces con la misma piedra, como ocurrió con los regímenes de financiación del bono social eléctrico en 2009, 2014 o 2017; o los tipos impositivos autonómicos del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos (IVMDH), anulado por la justicia primero en 2014 y luego en 2024.

En la última década, decisiones judiciales como el céntimo sanitario, la exención de tributación del IRPF en las prestaciones de maternidad y paternidad o la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades han supuesto un revés para el fisco de 10.037 millones de euros.

Además, a esta cantidad hay que sumar otras sentencias destacadas cuyo impacto continúa en la actualidad. Por ejemplo, la del Supremo sobre la financiación del bono social eléctrico (642 millones), la anulación de la reforma del Impuesto de Sociedades de Cristóbal Montoro (1.200 millones), la devolución del IRPF a los pensionistas de mutualidades laborales (1.700 millones) o la anulación del tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (6.500 millones de euros), con un monto total de otros 12.515 millones de euros.

Hasta aquí, los riesgos ya materializados. Pero a estas cuantías el organismo que preside Cristina Herrero añade otros 4.320 millones de euros de riesgos todavía vivos, esto es, dependientes de litigios aún en curso. De todos ellos el más relevante es el relacionado con los impagos a los laudos sobre las primas a las renovables, que ascenderían a 1.241 millones de euros. Una cantidad a la que hay que sumar 170 millones en concepto de costas e intereses y otros 330 millones por los laudos aún pendientes de fallo.

Fuentes cercanas a los reclamantes elevan la cifra total todavía más: según sus estimaciones, las sentencias adversas ya suman 1.478 millones de euros, mientras que la suma de intereses y condenas en costas alcanza los 357 millones.

Además, aún faltan por resolver varios recursos contencioso-administrativos de diversa índole, por importe de hasta 279 millones de euros; y varios procesos relacionados con las concesiones de autopistas de peaje, para los cuales la Cuenta General de la AGE ha dotado una provisión de casi 515 millones de euros. El Estado destinó además otros 148 millones a rescatar a algunas concesionarias de autopistas en quiebra. «En este caso, un riesgo asociado a un activo financiero de las AA. PP. ha transmutado en un riesgo de acciones legales», afirma la AIReF.

También está pendiente el arbitraje del caso Prestige (855 millones actualmente embargados por la justicia británica precisamente por los impagos a las renovables) y el caso TP Ferro, la sociedad concesionaria del túnel ferroviario de alta velocidad entre España y Francia, por unos 750 millones, del cual solo la mitad correspondería a España.

Otras decisiones decisiones judiciales de calado son el recurso de casación de Oracle contra una sentencia de la Audiencia Nacional que estimaba parcialmente una reclamación suya por el particular régimen de los No Residentes en España (34 millones de euros); y otros 138 millones de euros en concepto de denegación de subvenciones o reintegro de ayudas.

A este listado hay que añadir otros 1.000 millones de euros derivados de la solicitud, en 2018, de Banco Santander a Hacienda para convertir esta cantidad en créditos fiscales por la adquisición de Banco Popular, que entonces atravesaba graves problemas y acabó siendo vendida por un euro. En 2017, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había reconocido que se cumplían los requisitos para esta conversión. Sin embargo, en febrero de 2023 Hacienda impugnó ante la Audiencia Nacional esta decisión al considerar que perjudicaba los intereses públicos. En este caso, una decisión favorable al Estado reduciría el déficit público.