La Comisión Europea ordena a España que no pague 101 millones a un fondo afectado por las renovables

Giro de calado en las reclamaciones de los afectados por los impagos de primas a las renovables. La Comisión Europea ha concluido que el laudo arbitral que condenó a España en 2018 a pagar al fondo francés Antin constituye una ayuda estatal ilegal. Por ello, ordena a España que no pague ninguna compensación y que garantice que no se lleva a cabo ningún otro pago, ejecución o cumplimiento del laudo arbitral.

«La decisión en este asunto, tramitado como piloto, respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis», ha celebrado el Ministerio de Transición Ecológica en un comunicado.

Desde el ministerio consideran que la decisión «confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la UE frente a otro Estado Miembro de la UE». De hecho, Transición Ecológica pretende ampararse en esta decisión para poner fin a los procesos judiciales relacionados con los impagos a las renovables en otras jurisdicciones.

51 arbitrajes contra España

Según un reciente informe de la AIReF, los impagos a los laudos por las primas a las renovables ascienden a 1.241 millones de euros. Una cantidad a la que hay que sumar 170 millones en concepto de costas e intereses y otros 330 millones por los laudos aún pendientes de fallo.

Según Transición Ecológica, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra España por los recortes retroactivos a las primas de las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, y otros ocho están pendientes de laudo.

La situación se remonta al recorte retroactivo de las jugosas primas a la instalación de energías renovables que primero puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y posteriormente readaptó en 2010, en plena crisis financiera. Más tarde el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo en hasta un 40 % los incentivos que seguían vigentes.

Posteriormente, el ejecutivo de Pedro Sánchez, con Teresa Ribera al frente de la política energética, optó por no pagar los laudos contrarios, lo ha hecho que España se convierta en el país con más laudos pendientes de pago: un total de 24, por 20 de Venezuela y 10 de Rusia.