Los empresarios quieren 'regularizaciones exprés' de inmigrantes para cubrir 150.000 empleos vacantes

A pesar de liderar las estadísticas de paro en toda la Unión Europea, tanto en porcentaje como en total de desempleados, España tiene un grave problema a la hora de cubrir vacantes. Por eso, las patronales llevan tiempo pidiendo al Gobierno que flexibilice la ley de extranjería que permite a las empresas encontrar trabajadores cualificados. Ahora, la patronal de la construcción ha propuesto regularizar inmigrantes a través de cursos cortos para paliar el problema.

Durante la Asamblea General Ordinaria que celebró la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), su presidente Pedro Fernández Alén advertía que su sector tiene un déficit de 700.000 trabajadores y proponía, ante la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, la colaboración del Ejecutivo. «Debemos poner en marcha la nueva normativa de extranjería para traer inmigrantes formados y regularizar a los que se encuentran aquí poniendo en marcha el arraigo por formación con itinerarios formativos reglados, cortos y acumulables de entre 60 y 100 horas con colaboración con Educación», señalaba el recién reelegido presidente de la CNC.

Y no es el único sector que sufre esta situación. Inmobiliarias, transportes y gran consumo, entre otros, también se han referido al asunto en términos similares que las constructoras mientras que, según datos de Cepyme, el 71 % de las pymes tiene problemas para cubrir vacantes del empleo. «Apenas hay perfiles especialistas en obra dispuestos a trabajar y que se sitúen entre los 25 y los 40 años», señala Miguel de la Fuente, team manager de Hays España. «Tanto para retener y atraer el talento existente como para posicionarse como un sector atractivo para las futuras generaciones, es necesario ofrecer mejores condiciones retributivas que compensen el sacrificio de trabajar día a día en el terreno de la obra», añade.

Según datos del INE, que acaba de publicar las cifras correspondientes al último trimestre de 2024, el pasado año se registró una media de 149.975 vacantes, un 150 % más que hace diez años, siendo el sector servicios el que concentra el mayor porcentaje (88,5 %), por encima de la industria (6,7 %) y los servicios (4,8 %).

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE realizó hace unas semanas un estudio sobre las principales causas de dificultad o imposibilidad de cobertura de vacantes observando que el 24,52 de los casos se debe a falta de candidatos, el 16,97 % a falta de formación y el 15,35 % al desacuerdo con las condiciones laborales. La falta de conocimientos digitales, de idiomas o de prevención de riesgos son las causas más frecuentes de competencias transversales, mientras que el grado de responsabilidad y compromiso, la flexibilidad o el trabajo en equipo, lo son a nivel personal. Respecto a las condiciones laborales, la mayor causa de falta de cobertura se debe a la jornada.

Lo curioso del asunto es que la tasa de vacantes –calculada como el total de puestos vacantes entre la suma de los puestos ocupados y los puestos vacantes– es de las más bajas de la Unión Europea, con un 0,9 % frente al 2,3 % de la media comunitaria. Es decir, según los datos de la UE, en España no hay un problema de vacantes. El director de Adecco Group Institute, Francisco Javier Blasco, califica esta situación como «la paradoja del mercado de trabajo español».

«Hay un problema mayor porque las tensiones entre oferta y demanda no solo vienen de la escasez del talento necesario, sino que en nuestro país debe sumarse la escasez del talente disponible, o en algunos casos, del talento dispuesto a aceptar un empleo, o que esté capacitado para el mismo. Y esto tiene que ver con la escasas activación de nuestro mercado de trabajo y con problemas de cualificación», explica.

Reglamento de extranjería

Lo cierto es que el Gobierno, o al menos el socialista, sí se ha puesto las pilas y el pasado mes de noviembre aprobó –con meses de retraso– la modificación del reglamento de extranjería para facilitar la llegada de extracomunitarios a través del empleo, la formación y la reagrupación familiar. Además, amplió el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, aunque con escaso éxito.

Las mayores reticencias al respecto proceden de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que llevan meses poniendo trabas a cualquier medida que no incluya la incorporación al mercado laboral de los trabajadores que se encuentran en paro. Consideran que, más que un problema de vacantes, es una cuestión de condiciones laborales, y creen que esta decisión responde a las presiones de la patronal por tener empleados «que no estén sindicado, que trabajen doce horas y les paguen ocho», como comentan desde UGT. Precisamente la sindicación, y el miedo a perder poder, es lo que deslizan desde las patronales para justificar la negativa de los sindicatos.