Los fondos de las renovables tratarán de acorralar a Ribera por tardar tres semanas en inhibirse

Los fondos que litigan contra España por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ponen la actuación de Teresa Ribera en el punto de mira.

En concreto, ven la mano de Ribera tras el respaldo de la Comisión Europea a una de sus decisiones más relevantes cuando era la principal responsable energética española: la de no pagar los laudos condenatorios contra España. Una conducta avalada esta semana al entender Bruselas que España estaría concediendo una ayuda de Estado ilegal si desembolsara los 101 millones que, según un laudo de 2018, adeuda al fondo francés Antin.

Aunque la Comisión Europea afirmó este martes que la hoy vicepresidenta comunitaria se inhibió en la decisión sobre Antin, fuentes cercanas a la mayor parte de los reclamantes trasladan a El Debate que Ribera no habría pedido a la Comisión recusarse del caso para evitar un posible conflicto de intereses, hasta el 19 de diciembre.

Esto abre una brecha de algo menos de tres semanas desde que fuera nombrada como vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, el día 1 de diciembre. Un tiempo en el que, según los reclamantes, se desconoce el posible papel de Ribera en la decisión.

Asimismo, recalcan que tampoco hay constancia de que la presidenta europea Úrsula von der Leyen trasladara o explicara dicha recusación al Parlamento Europeo, cuando los denunciantes interpretan que sí debería haberlo hecho.

«No nos consta que haya ido», insisten, sobre lo que califican de «chapuza de proporciones bíblicas». De ahí que busquen explotar el malestar generado por la decisión en algunos países europeos, en particular Alemania, de donde proceden algunos de los fondos afectados y donde la retirada retroactiva de las primas afectó también a varios Landesbank, el equivalente germano a las cajas de ahorro.

En paralelo, afirman que continuarán pleiteando contra España en otras jurisdicciones fuera de la Unión Europea, como Reino Unido, Estados Unidos o Australia, donde varios tribunales han dictado embargos contra España por la decisión de impagar los laudos condenatorios.

Las primas aprobadas en 2007 por Zapatero y el ministro Miguel Sebastián garantizaban una rentabilidad del 7 %. Esto permitió alcanzar en apenas tres meses el 85 % del objetivo de instalación de renovables que había fijado para tres años. En total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, como recuerdan desde Fundeen.

Pero en 2010, ya en medio de la crisis económica, Zapatero recortó las primas, mientras que en 2012, posteriormente, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno, se decidió recortar un 40 % las primas que aún seguían vigentes. Una decisión que, según los reclamantes, supuso un cambio de las reglas de juego a mitad de partido y perjudicó a compañías que habían invertido hasta 70.000 millones de euros en transformar el sistema energético español.

Más de 1.500 millones en juego

Según un reciente informe de la AIReF, los impagos a los laudos por las primas a las renovables ascienden a 1.241 millones de euros. Una cantidad a la que hay que sumar 170 millones en concepto de costas e intereses y otros 330 millones por los laudos aún pendientes de fallo.

Los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra España por los recortes retroactivos a las primas de las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, y otros ocho están pendientes de laudo, según el Ministerio de Transición Ecológica.