Sánchez necesita encontrar 36.560 millones para cumplir sus promesas en defensa sin tocar el gasto social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que cumplirá el compromiso de incrementar el gasto en Defensa sin tocar «un céntimo» del gasto social. Sin presupuestos ni consenso en el seno del propio Ejecutivo, alcanzar el 2 % exigido por Europa se antoja prácticamente imposible sin recurrir a artificios contables.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Sánchez señaló que «mientras este Gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente, «este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro Estado del bienestar» y agregó que cumplirá los compromisos «sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental».

Lo que no ha desvelado el presidente es cómo pretende hacerlo. El Proyecto de Presupuestos de 2023 establece el gasto social como las políticas de Pensiones, Servicios sociales y promoción social, Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, Educación, Sanidad y Cultura, y supone el 58,5 % del gasto total tras un incremento del 11 % respecto al año anterior. Defensa, por su parte, apenas suponía el 1,3 %.

Alcanzar el objetivo del 2 % supondría triplicar el gasto actual hasta los 36.560 millones de euros, una cantidad inasumible sin nuevos presupuestos. Sánchez, de hecho, ya ha advertido que no tiene ningún problema en seguir gobernando con las cuentas prorrogadas, algo que ha hecho ya en otras tres ocasiones.

«Sánchez vive sobre la excepción», comenta José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la UFV y colaborador de El Debate. «Aprovechó la excepcionalidad de la pandemia para impulsar la economía de manera artificial y ahora asegura, sin siquiera presentar presupuestos, que cumplirá con sus compromisos sin definir el espacio temporal ni reducir el gasto social», añade.

Para este economista, el asunto es «inabordable» dado el nivel de gasto y de deuda generado. Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el pasivo español se ha incrementado en más de 420.000 millones de euros hasta rozar los 1,63 billones y la emisión de nueva deuda nunca ha estado tan cara. «Por eso Sánchez está pidiendo fondos europeos, para no tocar el gasto y que el incremento vaya cofinanciado, pero eso es inviable y lo acaba pagando el contribuyente», explica Rotellar.

Otra alternativa sería tocar el gasto social, pero aquí el asunto se complica. Los más de 24.000 millones necesarios para alcanzar el 2 % superan todas las partidas sociales sin contar las pensiones, que son el verdadero quebradero de cabeza. A pesar de la reforma del sistema –o gracias a ella– la factura de las pensiones no ha dejado de crecer y ya supera los 200.000 millones al año. Tocar esta partida no parece razonable ni práctico en términos electorales.

Para Rotellar, no tiene sentido recortar de servicios esenciales, sino del «gasto improductivo e innecesario, que hay mucho, como subvenciones inútiles». Un informe de la AIREF de 2019 advertía de 14.000 millones en subvenciones que estaban fuera de control, mientras que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estimaba en 2022 que el gasto ineficiente ascendía a los 60.000 millones de euros, cantidad que permitiría quintuplicar el actual presupuesto de defensa.

Otra cuestión serían los artificios contables, como ya hiciera José Luis Rodríguez Zapatero con la atribución de inversión regionalizable durante su Gobierno. Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría aprovechar la disposición incluida en los PGE de 2021, y prorrogada hasta ahora, para reordenar el presupuesto. Según el artículo 9 de la ley de presupuestos de 2023, las transferencias de crédito entre las distintas secciones «para atender necesidades ineludibles» no estarán afectadas de las restricciones de la Ley General Presupuestaria, esto es, sin necesidad de la aprobación en el Congreso. Otra vez el juego del trilero.