Las autonomías del PP y su responsabilidad en la mejora de la Educación

Las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo produjeron un vuelco en el poder territorial. Nada menos que 12 comunidades autónomas han quedado en mano de gobiernos del PP, bien en solitario, bien en coalición. Eso significa un enorme poder y una gran capacidad de influencia en la marcha de nuestro sistema educativo. Más del 70 por ciento de los alumnos de las enseñanzas no universitarias, casi seis millones de estudiantes, están bajo la gestión de los gobiernos del PP, frente al 7,5 por ciento de los gobiernos del PSOE. Esta casi abismal diferencia no había ocurrido en las últimas décadas.

Si no hay repetición de elecciones en el próximo mes de enero, Sánchez obtendrá la investidura mediante hipotecas varias, vergonzantes y deshonrosas, del que surgirá un gobierno aventurero y endeble, que caminará en la cuerda floja hasta que caiga. La Cámara resultante de las elecciones del 23 de julio hace al país ingobernable, salvo un entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales, lo que –sabemos– es una opción inviable. Feijóo ha hecho muy bien en aceptar la encomienda del Rey y presentarse a la investidura, porque los españoles necesitamos saber cuál es su proyecto para España, cuál es el camino que propone para salir del declive en que se halla sumido nuestra nación.

En todo caso, la educación –lo hemos advertido reiteradamente en estas columnas– es una de las causas principales de nuestro declive. Así lo corrobora el duro diagnóstico que hace el último informe de la OCDE sobre la situación educativa de España. Nuestro sistema educativo no puede quedar preso del marasmo político en que nos encontramos. Los indicadores, tras el trauma que supuso la covid, están en retroceso, los sectores vulnerables están siendo los perdedores, las desigualdades están aumentando y se está generando una España «con distintas velocidades», en la que el binomio educación-empleo no funciona.

Hemos construido un sistema educativo ampliamente descentralizado, en el que las comunidades autónomas son las principales gestoras de su funcionamiento y las que dedican mayores recursos. Baste señalar que más del 90 por ciento del gasto público en educación está residenciado en las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación detenta el resto, incluyendo el importante capítulo de becas y ayudas al estudio. La LOMLOE es una mala ley, trufada de indeseable carga ideológica, con una orientación que impide abordar debidamente las reformas que imperiosamente necesita la educación española para que deje de estar en el pelotón de cola de los países de la Unión Europea. Pero la ley da a las comunidades autónomas márgenes de aplicación de la ley nada desdeñables. Dicho en román paladino, sin ir contra legem, pueden llevar a cabo políticas y actuaciones con una orientación que se desembarace de las hipotecas de la ley Celaá.

Y aquí nace la gran responsabilidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pueden, en el escenario de un gobierno Frankenstein bis, tener la tentación de convertirse en «reinos de taifas», de actuar cada cual a su antojo en el margen de actuación de que disponen. Este es un panorama indeseable. El PP tiene la obligación de dar una orientación común a las políticas que emprendan los gobiernos de las 12 comunidades autónomas en las que gobierna. Debe concordar esas políticas y darles el sello de modernización, basado en la libertad, calidad y equidad, que nuestro sistema educativo reclama. Sería imperdonable que una comunidad desarrollase políticas contradictorias con otra, en asuntos tan vitales como la libertad, el profesorado, las evaluaciones, el modelo de dirección escolar o el abandono educativo temprano.

Pero hay un campo en el que esta misma visión, con la consiguiente coordinación, se hace imprescindible. Es el impulso a la formación profesional, apostando de verdad por la formación profesional dual. Se podría elaborar un mismo modelo de colaboración con el mundo empresarial, potente y eficaz, porque el éxito de la formación profesional que necesita España, para acabar con el vergonzoso dato de ser los últimos de la cola en Europa, depende básicamente de la colaboración entre las empresas y los centros educativos.

El PP no debe rehuir esta responsabilidad. Sus Administraciones Educativas gestionan más de 40.000 millones de euros. Deben ser las defensoras de las libertades educativas, las impulsoras de la mejora de los rendimientos escolares y de una formación profesional volcada al empleo. Y han de ser garantes de unos contenidos formativos enriquecedores, rigurosos, humanistas y con visión de futuro, que sirvan a que los profesores cumplan su misión docente.

• Eugenio Nasarre ha sido Presidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y Secretario General del Ministerio de Educación