El escobazo de Sánchez

La producción de decretos leyes del Gobierno de Sánchez en la legislatura que agoniza ha tenido un espectacular colofón: el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio. Salvo error u omisión, hace el número 138 de los decretos dictados por el Gobierno «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86 de la Constitución), una cifra muy superior a la de las leyes aprobadas por las Cortes Generales a lo largo de la legislatura (118). Es récord absoluto de las catorce legislaturas de nuestra democracia. Con Sánchez lo excepcional se ha convertido en el procedimiento normal de legislar.

¿Por qué el Real Decreto-Ley del 28 de junio –no es posible reproducir su título, pues ocuparía muchas líneas de este artículo– merece especial atención? Sencillamente, porque es la mejor prueba de hasta dónde ha llevado Sánchez la degradación del Parlamento y el abuso de los poderes que ostenta. Todo el decreto es en sí mismo una desmesura. ¡Tiene 224 páginas del BOE! Excede cualquier límite imaginable. Es de tal tamaño que los leguleyos que lo han elaborado han recurrido, cual si se tratara del Código Civil, a dividir sus interminables artículos en «libros», «títulos», «capítulos» y «secciones». El contenido de la norma es absolutamente heterogéneo. Mezcla la transposición de varias Directivas de la Unión Europea con otras normas en los ámbitos energético, de transportes, financiero, socioeconómico, procesal, vivienda, agricultura, sanitario, laboral, administrativo, presupuestario et via dicendo. Algo así como el programa de un gobierno en extinción. Se suele llamar a este tipo de normas «decretos o leyes escoba», pero este lo es en grado sumo: es el escobazo de Sánchez. Por supuesto, el dictamen del Consejo de Estado ni está ni se le espera. La constitucionalidad del Decreto-Ley está blindada. De ello se encargará Conde Pumpido.

La prolija Exposición de Motivos, con nada menos que 61 páginas, dedica una buena parte a la justificación de la «extraordinaria y urgente necesidad» de todas sus disposiciones. La de la transposición de las Directivas es muy llamativa. Son Directivas de la Unión Europea de los años 2018 y 2019, cuyo plazo de transposición está agotado con creces, por lo que se encuentran «en riesgo de multa», al haber abierto la Comisión Europea el correspondiente procedimiento de infracción. El Gobierno nos quiere librar de la multa causada por su incuria, que tendríamos que pagar a tocateja todos los españoles.

Pero el precio de librarnos de la multa es muy alto en términos democráticos. El totum revolutum elegido por Sánchez en su «escobazo» es una afrenta al Parlamento, una degeneración de nuestras instituciones democráticas y un claro caso de abuso de poder. Las Cortes Generales están disueltas. El decreto va a ser sometido a la Diputación Permanente. Las 224 páginas del BOE se van a ventilar en una sesión de convalidación de apenas tres horas. Y no habrá la posibilidad de ulterior tramitación parlamentaria, porque la legislatura está agotada y no puede remitirse a las Cortes sucesivas.

El Parlamento ha quedado secuestrado, sin posibilidad de debatir asuntos de gran enjundia y de enmendar las normas por los distintos grupos parlamentarios. El daño a nuestra democracia es de suma gravedad. Es el camino a una «democracia mutilada». El uso del «Decretone» por Mussolini, ante un parlamento mudo, fue el inicio del deslizamiento de la democracia italiana hacia el autoritarismo.

Los españoles tenemos que ser conscientes de que no se trata tan sólo de argucias propias de un poder astuto. Hay algo más. Un auténtico demócrata no caería en la tentación de provocar tal humillación al parlamento. Este escándalo no puede repetirse por la salud de nuestro sistema de libertades. Los españoles debemos pronunciarnos sobre esta esencial cuestión el 23 de julio.

• Eugenio Nasarre ha sido diputado a Cortes Generales