Las universidades se unen para pedir al Gobierno investigar al socialista Corchado: «No puede ser una barra libre»

Más de 1.000 profesores de decenas de universidades españolas se han sumado ya a un manifiesto que ha comenzado a promover este mes un grupo de la Universidad de Salamanca (USAL) para pedir al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que investigue los casos de presuntas malas praxis.

El documento, titulado Manifiesto en defensa de la reputación y credibilidad de la universidad y del sistema de ciencia españoles, lo ha impulsado un grupo de la USAL a raíz de las pesquisas sobre las prácticas investigadoras del rector y exasesor de Zapatero, Juan Manuel Corchado, pero incluyen también casos que creen que se están dando en Granada y Córdoba, según ha explicado a EFE uno de los promotores de la iniciativa.

«Las universidades tienen autonomía, y eso es bueno y deseable, pero eso no puede ser una barra libre para hacer lo que quieras, porque van a plagarse de gente que utilice malas praxis para conseguir sus objetivos», ha indicado.

El texto lo enuncian «como personal docente e investigador del sistema universitario y científico de España» y en él indican que comparten la preocupación de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) de que «los hechos de público conocimiento sobre la mala praxis en la generación, gestión y difusión de los resultados científicos dañan la reputación internacional de la Ciencia producida en España».

Además, señalan que estas malas prácticas «pueden poner en duda la confianza de la sociedad en el trabajo de la ciencia y en el de las personas que asumen dicho reto», en referencia al comunicado de la institución emitido el 21 de octubre.

«En vista de que los esfuerzos para aclarar las denuncias contra la máxima autoridad de una universidad pública han sido deslegitimados por una de las partes, solicitamos, en primer lugar, que se realice una investigación independiente y vinculante por parte de una comisión integrada por personas de reconocida trayectoria, con garantías procesales y de publicidad», indica el manifiesto.

Y añade: «No aclarar los hechos impide la defensa del acusado y afecta a la credibilidad del sistema universitario y de investigación del país y de quienes lo integramos, porque trasmite la idea de que las instituciones responsables toleran el fraude y ofrecen impunidad».

En segundo lugar, piden la creación de una instancia estatal con capacidad disciplinaria y sancionadora que haga frente «al incremento de malas prácticas en la generación y difusión de los resultados de investigación, con el fin de reforzar la integridad y credibilidad de los sistemas públicos de enseñanza superior y ciencia, tecnología e innovación».

«Somos conscientes de la autonomía universitaria y del papel de las comunidades autónomas, pero estimamos que el Ministerio tiene la obligación de intervenir porque esas malas prácticas buscan alterar deliberadamente la competitividad en la concesión de fondos públicos de investigación, así como el acceso a las plazas de profesor funcionario y/o contratado, asuntos éstos que sí son de su incumbencia», aseguran los firmantes de un documento que sigue circulando en versión digital abierto a la rúbrica de otros profesionales de la universidad española.