Una reflexión sobre las políticas educativas en España

En la tarde del pasado 12 de diciembre tuvimos el honor de recibir, en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), al profesor Fernando Reimers, catedrático de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. En el marco del «Máster Universitario en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos», el profesor Reimers impartió una clase magistral bajo el título Políticas educativas para aumentar oportunidades. El caso de México, conferencia que se puede recuperar en el canal YouTube de la UCJC.

Tanto en su intervención, como en el artículo académico publicado sobre este mismo tema en la revista Daedalus de la American Academy of Arts and Sciences —vol 153, n.º 4 (2023)— Fernando Reimers establece una distinción entre las «políticas orientadas al acceso» y las «políticas orientadas a la calidad». Las primeras se beneficiarían de un mayor apoyo político porque distribuyen las ganancias entre muchos grupos, mientras que los costes se aplican, al menos en apariencia, a unos pocos. Las segundas conseguirían, sin embargo, menos apoyo político porque imponen costes directos a grupos clave. Todo lo cual repercutiría, de forma diferencial, en el grado de estabilidad de las reformas y de su implementación.

Así, las «políticas orientadas al acceso», tales como la ampliación del número de años de la enseñanza obligatoria, o la introducción de la educación infantil, han sido duraderas por el simple hecho de que beneficiaron a los sindicatos de profesores, con la creación de nuevos puestos de trabajo; a los políticos por el desarrollo de nuevas construcciones escolares en sus territorios; a las familias por el incremento de sus expectativas de movilidad social; y todo ello «sin más» que liberar recursos del erario público.

Contrariamente, las «políticas orientadas a la calidad», al plantear nuevas exigencias para los grupos de interés —por ejemplo, en la selección, la formación o la evaluación del profesorado; o en la ampliación de la jornada escolar— fueron más frágiles, menos duraderas. Se plantea, por tanto, una suerte de conflicto entre ambos tipos de reformas que puede decantar la balanza, por razones pragmáticas, en favor de las primeras, renunciando así a los impulsos más directos y eficaces de mejora cualitativa que están asociados a las segundas.

A pesar de las reconocidas diferencias entre México y España en el plano social y económico, estas reflexiones son transponibles, aunque sea con menor intensidad, al ámbito español. Cuando se analizan las preferencias de nuestros responsables políticos nacionales y autonómicos en materia educativa se advierte una cierta preponderancia estadística de las primeras en detrimento de las segundas.

El dilema que subyace, como cuestión de fondo, a este escenario no es, en apariencia, de fácil solución. Las «políticas orientadas a la calidad» son compartidas por aquellos países de alto rendimiento. Pero, por otra parte, una estabilidad suficiente de las reformas constituye un reconocido factor de calidad, factor que, de acuerdo con la experiencia de México, vendría asegurado por las «políticas orientadas al acceso».

La información cuantitativa contenida en la presentación del profesor Reimers revela que, como cabía esperar, si bien el número de años de escolarización de la población adulta no ha hecho más que crecer en México a lo largo de las dos últimas décadas, el nivel de conocimientos y habilidades sigue siendo bajo, en comparación con otros países de la OCDE.

Cuando referimos el citado dilema al caso español, la solución consista muy probablemente en disolverlo; es decir, en no renunciar a la conciliación de esas dos modalidades de políticas, sino en promover ambas con inteligencia. Esa es realmente la fórmula aplicada en los sistemas educativos de éxito que han sido capaces de cambiar su panorama educativo en unas pocas décadas; y es esa también la lección que deberíamos aprender nosotros.

En el mundo de los indicadores internacionales de educación se suele establecer una distinción entre los outputs, o resultados internos a los propios sistemas educativos, y los outcomes, o consecuencias de los sistemas más allá de ellos mismos; por ejemplo, en el ámbito social, laboral o económico. Y no cabe ninguna duda de que, de acuerdo con la evidencia disponible, el número de años de escolarización, en tanto que indicador grueso de capital humano, es un buen predictor de esos outcomes, tales como la empleabilidad, el bienestar físico y mental o la movilidad social de los jóvenes.

Sin embargo, y como en estas mismas páginas nos recordaba el profesor Ismael Sanz, en su columna del 17 de diciembre pasado, la tasa de abandono educativo temprano en España sigue situándonos en posiciones de cola en la Unión Europea, con una incidencia particularmente notable en los varones y en los entornos rurales, y una desigualdad entre las Comunidades autónomas impropia de un país desarrollado.

En este contexto, no puedo por menos que reiterar una propuesta empíricamente fundada que me acompaña desde hace al menos una década, y que consiste en la extensión inteligente —y por ende adaptativa— de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, como una política de Estado que, en un país fuertemente descentralizado como el nuestro, reduzca las desigualdades territoriales, incremente las oportunidades, promueva la empleabilidad de los jóvenes socialmente desaventajados, estimule la movilidad ascendente y contribuya al progreso social y económico.

México, una nación hermana, aunque por el momento de inferior nivel de desarrollo, ha elegido este tipo concreto de «política orientada al acceso». España debería sumarse al conjunto de países de la Unión Europea, cada vez más numeroso, que han optado por ella. Se trataría, en definitiva, de diseñarla e implementarla acertadamente, procurando así la corrección de algunos de nuestros desequilibrios básicos que, en materia educativa, evidencian las comparaciones internacionales y apostando con conocimiento y convicción por la preparación, a través de la educación y la formación, de un futuro mejor.

• Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado