Los cambios educativos desde la época de Franco: de la EGB a las matemáticas socioafectivas de Sánchez

Las leyes educativas han sido uno de los campos de batalla de todos los gobiernos que han liderado nuestro país. De la ampliación de la edad obligatoria de escolarización a la descentralización de la educación, la enseñanza ha sufrido diversos cambios en el curso del último siglo, siempre marcados por la ideología del Ejecutivo que lideraba España en cada momento.

En el año 1945, Franco aprobó la Ley de Enseñanza Primaria, instaurando así un modelo educativo de tinte confesional y estrechamente ligado a la Iglesia, ya que durante el franquismo España era un país de confesión católica.

Entre las características de esta ley destacan la imposición de la educación obligatoria y gratuita hasta los 12 años, así como el posicionamiento de la religión católica en el centro de la enseñanza. En aquel momento los centros, tanto los públicos como los privados, estaban segregados por sexos, algo que actualmente ha quedado únicamente relegado a las escuelas de carácter privado y, normalmente, religioso.

En 1953 la dictadura franquista orquestó la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, en la que se buscó estructurar la enseñanza secundaria y fomentar la formación cultural y política. A través de esta norma, se introdujo el Bachillerato (de 10 a 16 años), que carecía de gratuidad y se caracterizaba por tener un tipo de enseñanza exigente con el alumno y centrado en la memorización.

Durante los años 70, España gozó de unos años de bonanza económica, que coincidieron con la última etapa del franquismo. En este contexto, se aprobó la Ley General de Educación, norma por la que se universalizó la educación obligatoria hasta los 14 años.

Una de las principales novedades de esta ley fue la introducción de la Educación General Básica (EGB) de 6 a 14 años, seguida por el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o la Formación Profesional (FP). Aunque el enfoque seguía siendo centralista, se fomentó durante estos años la modernización del sistema educativo y un mayor acceso a la educación.

Transición y camino a la democracia

Tras la muerte de Franco, España vivió unos años de Transición Democrática, etapa en la que el pueblo español y sus dirigentes debían prepararse para la nueva realidad democrática que imperaría en nuestro país pocos años después. En el año 1980, bajo el liderazgo de Adolfo Suárez, se redactó la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que buscó democratizar la gestión educativa, en sintonía con los cambios que la sociedad española estaba experimentando.

Cabe destacar que en el año 1978 se reconoció en la Constitución Española votada en referéndum por los ciudadanos el derecho universal a la educación.

Con la llegada del socialista Felipe González al Gobierno se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), en la que se estableció los conciertos educativos, permitiendo la financiación pública de centros privados y se introdujeron principios de participación democrática en los consejos escolares.

En 1990 González promulgó la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), norma con la que se extendió la educación obligatoria hasta los 16 años y reorganizó el sistema educativo en nuevas etapas (Infantil, ESO, Bachillerato, FP).

Tras llegar el 'popular' José María Aznar al poder se aprobó Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), enfocada en la excelencia educativa. En ella se introdujeron evaluaciones externas para ESO y Bachillerato y se potenciaron los itinerarios en Secundaria. Si bien es cierto que esta norma no llegó a implementarse completamente debido al cambio de gobierno en 2004.

En el año 2006 el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró la guerra a la LOCE y promulgó la Ley Orgánica de Educación (LOE), cuya polémica más conocida es la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con el fin de promover los valores democráticos y constitucionales, pero plagada de tintes políticos, lo que llevó a una gran polarización ideológica dentro de los entornos educativos.

Con la llegada de Mariano Rajoy (PP) al Gobierno, se aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida popularmente como la 'Ley Wert'. Con un enfoque centralista y meritocrático, esta norma impuso evaluaciones externas obligatorias en Primaria, ESO y Bachillerato, redujo las asignaturas optativas, dando así más peso a las materias troncales y fomentó el uso del castellano en comunidades con lenguas cooficiales.

La educación con Sánchez

Tras la moción de censura a Rajoy por parte de Sánchez, con ayuda de los independentistas, el PSOE volvió al poder. Como ya venía siendo costumbre, este Gobierno redactó otra ley educativa, conocida como 'Ley Celaá' y oficialmente denominada Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).

Esta norma, aprobada durante la pandemia de la covid, ha sido duramente criticada por varios aspectos. En primer lugar, reforzó la cooficialidad lingüística como moneda de cambio por el apoyo de los nacionalistas en la formación de Gobierno. Esto ha dado lugar a una serie de discriminaciones al castellano en estos territorios, en los que las lenguas cooficiales acaparan la educación y dejan vía libre para arrinconar al español.

Asimismo, se trata de una norma que atenta contra la cultura del esfuerzo, ya que pretende reducir al mínimo la tasa de repetición y facilitar todo lo posible que los alumnos aprueben todas las asignaturas y pasen de curso.

En diciembre de 2023 el informe PISA evidenció las numerosas lacras de esta ley. El Gobierno de Sánchez, lejos de atajar el problema de raíz, ha ido dando tumbos desde entonces. En enero del año pasado, el Ejecutivo central anunció un plan de refuerzo de las matemáticas, que consistía en ofrecer una especie de 'complemento económico' para aquellos docentes que enseñen esta materia a los alumnos con un enfoque «socioafectivo».