La portavoz del Gobierno deja en el aire el decretazo contra las eléctricas

La armonía entre los socios del Gobierno tras el doble acuerdo de Presupuestos y para la Ley de Vivienda alcanzado la semana pasada ha durado poco.

El acercamiento de Pedro Sánchez a las grandes eléctricas a través de la ministra de Transición Ecológica, que ha abierto una ronda de contactos con sus directivos, ha puesto en guardia a Unidas Podemos.

Los morados sospechan que el presidente está pensando en dar marcha atrás en el recorte a los llamados beneficios caídos del cielo del sector que el Gobierno aprobó por real decreto ley a mediados del mes pasado, o al menos suavizarlo. Entonces Sánchez llegó a decir: «Se lo pueden permitir».

El domingo Ione Belarra y este lunes Isa Serra, en Podemos han puesto el grito en el cielo. La portavoz del partido ha señalado que la sola posibilidad de plantearlo «deslegitima al Gobierno» y lo que es más: «A la democracia».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (adelantado) de este lunes, la portavoz del Gobierno no ha negado que Sánchez esté pensando aflojar tensiones. Tampoco lo ha confirmado.

Isabel Rodríguez se ha limitado a sostener, hasta en cuatro ocasiones, que el Ejecutivo «está trabajando para conciliar todos los intereses», para hacerlos «compatibles». En primer lugar los de los consumidores pero también los de la industria -muy afectada por la subida desbocada del recibo de la luz- y los de las empresas eléctricas.

En concreto ha hablado de «tener en consideración la opinión de las eléctricas», algo que el presidente no hizo cuando intervino los precios del mercado (topando el recibo del gas) y detrajo beneficios (según la terminología monclovita) por valor de 2.600 millones de euros.

Ante la posibilidad de tener que librar una guerra judicial contra Iberdrola, Naturgy, Endesa y el resto del sector, el Gobierno parece haber modulado su postura. Por eso y porque tiene al PNV muy enfadado, y es uno de sus socios clave (junto con ERC, tanto monta).

«Este Gobierno ha demostrado su capacidad de diálogo», ha insistido la portavoz del Ejecutivo, que no se ha atrevido a reafirmarse en el compromiso que hizo Sánchez hace ya más de un mes: que a final de año los españoles pagarán una factura eléctrica similar a la de 2018.

El real decreto ley de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad tiene que ser convalidado este jueves por el Pleno del Congreso. 

Sánchez tiene garantizados apoyos más que suficientes con los partidos de izquierdas, pero lo previsible es que se apruebe su tramitación como proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia? Que los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas a su articulado. Y es ahí donde Unidas Podemos quiere estar vigilante.