La dimisión de Oltra reaviva la opción de que alguno de sus trece cargos imputados desmonte la versión oficial de los abusos

Corren malos tiempos para Mónica Oltra. La ya ex número dos del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y coportavoz de Compromís ha dimitido de su cargo al frente de la Consejería de Igualdad y ha renunciado al acta de diputada para «no comprometer el proyecto de cambio» de su partido, en el Pacto del Botánico –el acuerdo de Gobierno de PSPV, Compromís y Unides Podem– ni convertirse en «la coartada» para echarles del Ejecutivo. Oltra ha dejado todas sus responsabilidades tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por las presuntas irregularidades de su Departamento en un caso de agresión sexual a una menor tutelada, cometido por su exmarido condenado a cinco años de prisión.

Ante este nuevo horizonte, fuentes próximas a la causa judicial que pesa sobre la exvicepresidenta valenciana apuntan a la posibilidad de que alguno de los trece altos cargos o funcionarios de su Consejería, también imputados por estos mismos hechos, se desmarque de la versión oficial ofrecida hasta la fecha. No en vano, alguno de ellos se enfrenta hasta a cinco años de inhabilitación profesional.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, al frente de las pesquisas, encausaba a cinco cargos de la consejería de Igualdad que dirigía la entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, con un importante peso dentro del Departamento, ya que se trataba de la directora general de Infancia y Adolescencia, la subdirectora, dos de los funcionarios que redactaron el expediente informativo paralelo sobre el caso de abusos del exmarido de Oltra y un técnico de la Administración.

Con dichas citaciones, ascendían a más de una docena los cargos, designados por la Oltra, llamados por los jueces para aclarar si desde la Consejería trató de ocultarse el caso de abusos sexuales denunciados contra el exmarido de la propia consejera. Con anterioridad, en febrero, habían sido imputados la directora territorial de Igualdad de Valencia, una psicóloga de la sección del Menor y otra funcionaria. Además de ellos, también se incorporaban como imputados a la causa la directora territorial de Igualdad de Castellón, y el jefe de sección del Menor del mismo Departamento.

«No existió voluntad de esclarecer»

Para el juez valenciano Vicente Ríos que, en los últimos meses, ha instruido la causa abierta sobre Mónica Oltra por, supuestamente, encubrir los abusos sexuales de su exmarido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada por la Comunidad Valenciana en un centro en el que era educador, «no existió ninguna voluntad real de esclarecer» lo ocurrido sino «`por el contrario, ocultarlo». Así de contundente era la conclusión del magistrado, en línea con la tesis de la fiscal superior de Valencia, Teresa Gisbert, a las investigaciones preliminares que, finalmente, llevarán a la vicepresidenta valenciana al banquillo como presunta autora de un delito de encubrimiento agravado por el hecho de ser, además, la máxima responsable de menores e igualdad en la Administración regional.

Según las actuaciones concluidas hasta la fecha de su imputación, confirmada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), Oltra habría actuado desatendiendo las obligaciones más esenciales de su cargo y empleando todos los recursos a su alcance en la Consejería «o bien para beneficiar la situación procesal» de su todavía entonces pareja «o bien sencillamente tratar de proteger» su propia «carrera política». Unos recursos entre los que, presuntamente, se encontraría una orden verbal de la ya exportavoz de Compromís para 'fabricar' un expediente paralelo al confeccionado por la policía judicial y en el que se habrían visto implicados el resto de imputados de Igualdad.

Pérdida del aforamiento

Tras la dimisión efectiva de Mónica Oltra de todos su cargos en el Consell valenciano –la entrega de su acta como diputada autonómica y la renuncia a su puesto como vicepresidenta y responsable de Igualdad– abre un nuevo escenario procesal para la, hasta ayer, líder de Compromís. Oltra «tendrá que ser citada de nuevo» a declarar en una nueva fecha y, esta vez –en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) formalice su inhibición– ante el que ha sido el juez instructor de la causa desde su comienzo. Así lo confirmaban fuentes judiciales a El Debate, una vez se conocía la decisión de Oltra presionada por los miembros de su propio partido reunidos, este martes, en Comité Ejecutivo para tomar una decisión al respecto de su compañera.

La Justicia ha venido considerando que entre Mónica Oltra y los altos cargos de la Consejeria, también imputados, existió «una conexidad inescindible» de acción

Una vez desaparecido el aforamiento de Oltra será el propio magistrado que elevó las actuaciones al órgano jurisdiccional superior el encargado de dirigir las pesquisas orientadas a determinar «hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario».

Además, y una vez se haya efectivo del cambio de status procesal para la exportavoz de Compromís, el TSJCV también dejará en manos del juez todo lo relativo a los 13 investigados restantes, entre los que figuran altos cargos de la Consejería, en tanto en cuanto la Justicia ha venido considerando la existencia entre todos ellos de «una conexidad inescindible», incluso pese a que buena parte de los mismos no gozaban de ningún privilegio que obligase a su imputación ante un tribunal de instancia superior al que les correspondería de manera individualizada a cada uno de ellos.