El Congreso aprueba la reforma exprés para que el Gobierno socialista controle al Constitucional

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, por mayoría de 183 diputados, 153 votos en contra y 8 abstenciones, tomar en consideración y votar mañana de urgencia la reforma de la Ley del Poder Judicial para que Gobierno y CGPJ puedan renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. La maniobra permitirá al Gobierno controlar el Constitucional, durante los próximos cinco años. Lejos de asumir su propia responsabilidad en este asunto a la medida de Pedro Sánchez, la bancada socialista ha apuntado al Partido Popular como único responsable de la «anomalía» actual y ha afeado a los populares los recursos planteados ante el Tribunal de Garantías contra sus leyes estrella: aborto, eutanasia o educación. En el fondo de la reforma, que deshace parcialmente la instaurada el pasado mes de marzo por PSOE y Podemos para bloquear los nombramientos del CGPJ, el intento del Ejecutivo por evitar la declaración de inconstitucionalidad de sus normas más ideológicas.

La votación formal que porovocará la entrada en vigor de la norma se llevará a cabo mañana jueves, en trámite de lectura única. «Déjense de excusas y cumplan con la Constitución», espetaba el diputado socialista Francisco Aranda durante su intervención desde la tribuna de oradores del Congreso para en referencia la posición del Partido Popular respecto del Poder Judicial.

La reforma urgente impulsada por el PSOE, pactada con los separatistas catalanes de Esquerra Republicana, será aprobada mañana para desbloquear la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. De acuerdo con la legislación vigente, dos de ellos deben ser nombrados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que el propio Ejecutivo prohibió, en otra reforma similar de marzo del año pasado, cumplir con su función de designar a los magistrados de las altas instancias judiciales, durante su mandato prorrogado.

Y, con ello, el PSOE logrará constituir una mayoría progresista en el seno del Tribunal de Garantías con la que se alterarán los actuales equilibrios internos. «Rectifiquen, todavía están a tiempo», ha pedido por su parte el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro para reprochar a los socialistas sus injerencias interesadas en el Poder Judicial. «Ustedes utilizan este Parlamento para quitar y poner competencias al CGPJ en función de su conveniencia política», ha añadido antes de calificar la posición como «un fraude reglamentario».

Nacionalistas y separatistas serán piezas clave en el éxito de esta reforma ad hoc del Gobierno -propuesta para votación mañana jueves- que ha sido calificada desde las filas de la oposición como «chapuza» y «cacicada». Además, PSOE y PP se han enredado en un cruce mutuo de acusaciones sobre una gestión del Poder Judicial en España que «vulnera la Constitución» y «mina el Estado de Derecho».

Ni enmiendas, ni informe del CGPJ

Así las cosas, Sánchez se ha salido con la suya a espaldas del propio Poder Judicial que, esta misma semana, aprobaba en un Pleno Extaordinario celebrado por el CGPJ el lunes, para instar al Congreso la solicitud de un informe en el que manifestar su posición al respecto, tal y como exige la jusrisprudencia europea.

La tramitación urgente de la proposición de ley socialista impedirá, también, que se introduzcan enmiendas a la misma, pese a la mano tendida del PP al PSOE para negociarlas, en el caso de que el Gobierno no renunciase a seguir adelante con la misma. El debate de la reforma ha coincidido en el tiempo con la publicación del análisis de la Comisión Europea sobre la calidad democrática de los Estados miembros de la Unión. De nuevo, Europa ha llamado a España a cambiar el sistema de elección de los jueces en nuestro país, lo antes posible, para adecuarlo a los estándares generales del resto.