Las prisas jurídicas del Gobierno con la reforma de la malversación que ha salvado el juez Llarena

Hay pocos hombres más odiados y señalados por el separatismo catalán en nuestro país que el magistrado Pablo Llarena. El juez instructor del procés en el Supremo se convirtió en el enemigo público número uno y azote de los independentistas tras calificar la convocatoria y celebración del 1-O como un delito de rebelión. Desde aquel 21 de marzo de 2018 en el que se notificó el auto de procesamiento que, durante cuatro meses, sentaría a en el banquillo del Alto Tribunal a los responsables de la promoción y convocatoria de un referéndum declarado inconstitucional y hasta la fecha, en la que cuatro de los 13 acusados por el golpe de Estado siguen huidos de la acción de la Justicia española, Llarena se ha mantenido firme frente al periplo europeo de los prófugos Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Toni Comín y Lluis Puig. Al expresidente de la Generalitat le ha perseguido, Código Penal en mano, por Bélgica, Alemania y Cerdeña.

Ahora, tras revisar las órdenes de detención y entrega dictadas inicialmente, una vez ha entrado en vigor la eliminación del delito de sedición orquestada por Pedro Sánchez, el juez catalán ha tenido que adaptar la situación procesal de Puigdemont y sus compañeros de andanzas para adecuarse a la nueva legislación. Eso sí, no sin antes frustrar las aspiraciones del separatismo y su socio socialista de legislatura, sobre la rebaja de la malversación.

Por el momento, y enarbolando la jurisprudencia del propio Supremo que el Ejecutivo ha preferido obviar en sus retoques legales, el magistrado Llarena ha mantenido intacta la forma agravada del delito. Un escenario que no sólo encarece la posible vuelta a España de Carles Puigdemont sino que impide el regreso anticipado a la primera línea política de los indultados como Oriol Junqueras.

En contra de las expectativas del Gobierno, la tesis de Llarena sobre el desvío de fondos públicos, compartida por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, al frente del Tribunal sentenciador, podría vetar el acceso a cualquier tipo de cargo público al vicepresidente del Govern, y líder de Esquerra (ERC), hasta julio de 2031. Es decir, las prisas del PSOE por contentar a sus socios de investidura para obtener su apoyo en los últimos Presupuestos, han recibido de nuevo un revés protagonizado, una vez más, por el concienzudo y riguroso magistrado del Supremo.

La clave está en que el Alto Tribunal ha venido considerando, tradicionalmente, que el «lucro personal» utilizado por el Gobierno para justificar la rebaja de la malversación no es aplicable, de ningún modo, a los cabecillas políticos del procés. Es decir, la nueva redacción del delito es «plenamente aplicable» a los líderes separatistas, fugados o no, «en la medida en que la sustracción y la apropiación» de los fondos públicos «no presenten un significado sustantivamente diferente del comportamiento que se busca reprimir».

«La Jurisprudencia viene sosteniendo, desde hace más de medio siglo, que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación. En particular el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos», ha afirmado el juez del Supremo en su nuevo auto de procesamiento.

Así las cosas, el instructor se ha convertido de nuevo en pieza clave para la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho frente a un Ejecutivo que aspiraba a facilitar a Junqueras presentarse a las próximas elecciones generales, según lo pactado. No en vano, las chapuzas jurídicas y las prisas en la aplicación de las mismas se han convertido en el talón de Aquiles de los independentistas catalanes, condenados e indultados o reclamados. Llarena lo ha identificado y, con la ley en la mano, ha desmontado de un plumazo el objetivo de una reforma que buscaba dejar impunes los efectos más políticos de las sanciones a los líderes del procés.

De nuevo, la ley se interpone en la ansiada «desjudicialización» del asunto catalán y, de nuevo, el artífice de la gesta es el magistrado instructor Pablo Llarena.