El Constitucional se inclina por frenar la sentencia del aborto hasta después del 28-M

Es una norma no escrita, pero una práctica habitualmente aceptada, que los más altos tribunales de nuestro país congelen las sentencias sobre las causas más políticas cuando en el horizonte se avecina una cita electoral. El fallo del recurso del Partido Popular contra la ley «Aído» del aborto que, tras más de doce años durmiendo en un cajón, está pendiente de debatirse en el Constitucional no será una excepción. Según ha podido saber El Debate, el texto que salvará íntegramente la norma socialista, con una ponencia de la vicepresidenta del órgano, la magistrada Inmaculada Montalbán, quedaría aplazado hasta después de los comicios municipales y autonómicos del próximo 28-M. Por el momento no se ha puesto fecha para su deliberación y el borrador que será debatido en Pleno todavía no está en posesión de todos los miembros de la Corte que han de pronunciarse sobre el mismo.

«Debería esperarse hasta después de las eleciones», han apuntado a El Debate fuentes próximas al Tribunal de Garantías. No en vano, en el orden del día del único cónclave del mes de abril no está incluido y en mayo, las dos fechas previstas, los días 8 y 22 –tras moverse el calendario por los festivos del 1 y el 15– se «solapan con la campaña». Un escenario que «desaconseja» presentar cualquier resolución que pueda «ser utilizada políticamente», por unos y otros partidos, «comprometiendo la independencia» del Poder Judicial aunque, en sentido estricto, el Constitucional no lo sea.

La sentencia del aborto que declarará conforme el sistema de plazos aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya quedó desvinculada del pasado 8-M. Si bien en un principio se barajó la posibilidad de que la presentación de la ponencia en manos de la vicepresidenta de la Corte, Inmaculada Montalbán, se aproximase al día de la mujer, el profundo malestar de un sector del Pleno del TC con la idea de un «uso» político del tema forzaba el cambio de fecha.

Así las cosas, el fallo tendrá que esperar, finalmente, para quedar aprobado. En el tintero, el alcance del mismo que, aún a pesar de declarar la pérdida del objeto de algunas cuestiones –como la información suficiente a la mujer o la posibilidad de que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno, tras la reciente entrada en vigor de la modificación de Irene Montero que afecta a estos aspectos– parece que podría pronunciarse, en sentido amplio, sobre algunas de dichas cuestiones para salvar, por adelantado, la nueva norma de Igualdad sobre interrupción voluntaria del embarazo.

El trabajo de la magistrada Montalbán, la número dos de Cándido Conde-Pumpido, sobre la cuestión, no sólo pasaría por superar el enfoque inicial del anterior ponente, Enrique Arnaldo, quien aunque avalaba el sistema de plazos sí veía tachas de inconstitucionalidad en la regulación de la objeción de conciencia y en el derecho de la mujer a recibir información ampliada antes de tomar la decisión.

Además, y según apuntan a El Debate algunas fuentes próximas a la Corte, el texto en marcha podría dar respuesta a las aristas más controvertidas de la causa –ya superadas por la última modificación del Gobierno– sentando una base jurídica ante futuros y eventuales recursos de inconstitucionalidad contra la regulación actual.