El Gobierno desafía la ley y mantiene escondidos los expedientes de indulto de María Sevilla y Juana Rivas

El Ministerio de Justicia sigue escondiendo los expedientes de indulto de María Sevilla y Juana Rivas pese a la obligación expresa de hacer públicos algunos de los informes que componen el dossier que libró a ambas de prisión y las convirtió en un icono de la «lucha feminista» para Irene Montero, la ministra de Igualdad caída ahora en desgracia.

El nuevo ejemplo de protección beneficia a la expresidenta de Infancia Libre y a la madre de Maracena, condenadas por sustracción de menores, tras 'secuestrar' a sus hijos, y elevadas a la categoría de «madres coraje» por parte de Montero, condenada por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros al marido de Sevilla por acusarle, sin prueba ni condena alguna, de maltratador.

Además, el departamento dirigido por Pilar Llop ya ha sido reprendido por ello, pues incumple la legislación vigente. De hecho, según la documentación que obra en poder de El Debate, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido sendas comunicaciones al Ministerio de Justicia en el que le recuerda la necesidad de cumplir de forma inmediata lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 364/2023 y de la R CTBG 355/2023.

En ellas, tal y como ha recogido este periódico, el organismo encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas señaló que el departamento dirigido por Pilar Llop debía remitir las «las razones de equidad y justicia por las que se ha concedido el indulto, suprimiendo, en su caso, la mención de concretas circunstancias personales, familiares o sociales de la persona indultada», tanto en el caso de Sevilla como de Rivas.

Junto a ello, también tendría que haber facilitado «los pronunciamientos contenidos en los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador que expresen sus respectivas posiciones sobre sobre la concesión del indulto y las razones en las que se sustentan, suprimiendo, en su caso, la mención de concretas circunstancias personales, familiares o sociales de la persona indultada», tal y como expresamente había solicitado este periódico, dada la presencia de menores en los expedientes hasta ahora secretos.

Sin embargo, pese a que concedió diez días hábiles de plazo para facilitarlos, el Ministerio de Justicia no ha cumplido con sus obligaciones legales, y sigue dilatando un procedimiento que comenzó hace un año, cuando se solicitaron expresamente los expedientes de los indultos que permitieron salir de prisión a las condenadas.

El indulto del Ejecutivo conmutó la pena de prisión de Rivas por otra de un año y tres meses de cárcel y también sustituyó la pérdida de la patria potestad durante seis años por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Del mismo modo, permitió a Sevilla salir de prisión al conmutar su pena por otra de dos años de cárcel, lo que hizo posible su puesta en libertad y recuperar la patria potestad de su hijo, al que había mantenido aislado y sin escolarizar en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).

Las excusas del Gobierno

Desde entonces, Justicia siempre se ha negado a facilitar la documentación solicitada, alegando que «nunca ha concedido el acceso a expedientes de indulto, con la única salvedad de los relativos a los penados del procés», y añadió que ya existe «un control parlamentario del ejercicio del derecho de gracia por el Gobierno».

Sin embargo, el CTBG fue meridianamente claro en su respuesta, abroncando incluso al Gobierno, al recordarle que «el acceso a determinados contenidos de los expedientes de indulto reviste un considerable interés público en la medida en que permite a la ciudadanía conocer los criterios con los que se adoptan las decisiones de aplicación de una prerrogativa prevista en la Constitución».

Es más, para este organismo, el derecho de acceso a la información pública reconocido por la Constitución es, en contra de lo actuado por el Gobierno en estos dos supuestos, «una institución de control democrático que tiene perfiles propios y viene a complementar los tradicionales controles judiciales y parlamentarios», por lo que justificar su negativa a facilitar los informes con que ya han sido analizados en las Cortes, no es admisible.

Además, insiste en que el derecho a saber «bajo qué criterios actúa el Gobierno en el ejercicio de la prerrogativa de gracia», permitiría a la ciudadanía diferenciar, tal y como sentenció el Tribunal Supremo, entre «la prerrogativa de gracia aceptada en el Estado constitucional con la indulgentia principis propia de la Roma imperial o de las Monarquías absolutas, cuyo ejercicio y extensión no respondía a más voluntad que la de su titular».

Las «madres protectoras» de Irene Montero

Sin embargo, el Gobierno sigue ocultando los datos que rodean los indultos de estas «madres protectoras», tal y como las denominó Irene Montero, pese a que en el caso de Juana Rivas el Tribunal Supremo elevó un informe en el que sus magistrados mostraron su división, al producirse un empate entre ocho magistrados que encontraron razones para proponer el indulto parcial y otros ocho que se oponían al mismo, por lo que no emitieron posición clara.

En el caso de María Sevilla, la Fiscalía fue más clara aún pues se opuso de forma tajante a la reducción de la pena de privación de la patria potestad para evitar «una sanción pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos», una vez que, desde diversas plataformas, e incluso desde el propio Gobierno se han defendido las actuaciones de la expresidenta de Infancia Libre que mantuvo a su hijo encerrado para supuestamente protegerle de su padre, tras denunciarle por unos presuntos abusos sexuales al menor que jamás fueron refrendados por un juzgado.

Irene Montero ha sido condenada por el Supremo después de llamar «maltratador» al exmarido de María Sevilla cuando presumió de la concesión del indulto

De hecho, esta opacidad del Gobierno que ha coincidido en el tiempo con la sentencia del Tribunal Supremo en la que ha condenado a la ministra de Igualdad a pagar 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, Rafael Marcos, por acusarle de «maltratador», al haber apreciado la vulneración del derecho a su honor.

De hecho, las declaraciones de la ministra de Igualdad a las que hace referencia dicha sentencia fueron pronunciadas el mismo día en el que se hizo pública la concesión del indulto. En la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, Montero señaló que el Estado «tiene una deuda» con «las madres protectoras» y que este ha de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».

El ex marido de Sevilla aseguraba en su demanda que en dicho contexto la ministra le «presentó» como un «maltratador tanto de su hijo como de su ex pareja», pese a que no tiene sentencias condenatorias por violencia machista, algo que también ha apreciado el Supremo, por lo que ha condenado a Irene Montero al abono de 18.000 euros en concepto de indemnización, además de eliminar el vídeo en cuestión de sus redes sociales, algo que, de momento, no ha hecho.