Las reformas en Justicia que proponen los cuatro principales partidos en sus programas electorales

El PP, el PSOE, Vox y Sumar tienen concepciones muy distintas de cómo debe funcionar la Justicia en España, y ello se refleja especialmente en las reformas que plantean en sus programas electorales. Así pues, mientras que Sumar pretende modificar las oposiciones de acceso a la carrera judicial, el PSOE propone mejorar «la agilidad en el procedimiento de adquisición de nacionalidad española», y Vox recoge una serie de medidas para las que sería necesario modificar la Constitución Española.

El PP y los vocales del CGPJ

La primera medida que recoge el Partido Popular en su programa electoral es la de despolitizar la Justicia para lograr «la independencia del poder judicial». Tal y como le propuso Feijóo a Sánchez hace un año para aceptar renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP reitera que modificará la Ley Orgánica del Poder para que 12 de los magistrados del órgano de garantías sean elegidos por los jueces y fiscales. Además, plantean derogar la reforma que aprobó el PSOE que «hoy impide su normal funcionamiento».

Por su parte, los 'populares' se comprometen a endurecer «el régimen de incompatibilidades» para «evitar el paso de los poderes Ejecutivo y Legislativo al poder Judicial», y «con el fin de garantizar la independencia en la actuación judicial». En consecuencia, el PP evitaría situaciones como la de los exministros socialistas Dolores Delgado y Juan Carlos Campo, que pasaron de ser los titulares de Justicia a ocupar la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional respectivamente.

La formación liderada por Feijóo también promete que reformará el estatuto del Ministerio Fiscal para «avanzar decididamente en su autonomía», que sacará adelante «un plan de choque inmediato» para «desatascar el funcionamiento de la Justicia», y que aprobarán una «ley de derecho de defensa». En clave procesal, el PP propone impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y aprobar las «reformas procesales, organizativas y de digitalización necesarias», que se concretará incrementando en «1.000 plazas la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de la legislatura».

El PSOE critica la okupación

De la parte de Justicia del programa político del PSOE llama la atención que se asegure que «la ocupación ilegal de viviendas es un hecho grave y debe combatirse», y al igual que ha anunciado Feijóo desde la campaña del 28-M, dictaminan que «se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas». Respecto al CGPJ, Pedro Sánchez y su gabinete hacen caso omiso a la reforma del sistema de elección para despolitizar el órgano que ha pedido Europa, y afirman que «seguiremos exigiendo la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial con el sistema actual de doble legitimación en su elección». Dicho modelo, fue instaurado por Felipe González en 1985.

En otro orden de cosas, los socialistas recogen que fomentarán «el uso de un lenguaje sencillo que favorezca la comprensión», intensificar «la asistencia jurídica gratuita y dignificación del turno de oficio», y facilitar «el acceso democratizador a las profesiones jurídicas, lo que hace que nuestra Justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro país». Asimismo, el PSOE manifiesta que impulsará «la mediación y un enfoque de Justicia restaurativa como un instrumento adecuado para la resolución de conflictos».

Al igual que los 'populares', el principal partido del Gobierno se compromete a realizar la «reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», a «la aprobación inmediata de la Ley de Derecho de Defensa», y a aumentar «el número de jueces y fiscales, para aproximarnos a las ratios de la Unión Europea de jueces/habitantes», aunque no especifican en cuánto.

Vox quiere modificar el TC

El partido presidido por Santiago Abascal considera que el Tribunal Constitucional debe integrarse dentro del Tribunal Supremo para que así exista «un único Alto Tribunal». Según la cuenta de Twitter @AngryJuez, que es administrada por un magistrado español anónimo, para llevar a cabo esta medida «habría que modificar la Constitución». De hecho, la carta magna cuenta con un Título propio del Tribunal Constitucional, el IX, que expresa que «tiene jurisdicción en todo el territorio español».

A su vez, Vox también afirma que «los jueces deben elegir a los jueces» y para ello sostienen que aprobarán «una Ley Orgánica para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ajustándose al artículo 122.3 de la Constitución, de manera que todos los miembros del CGPJ sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados, sin injerencia de partidos o asociaciones politizadas». Para ello también seria necesario cambiar el texto constitucional, que recoge que de sus veinte vocales se eligen «cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado».

Vox también lleva en su programa que exigirán «medidas efectivas para acabar con las dilaciones indebidas y las filtraciones en los juzgados para una justicia más ágil, limpia y transparente», que eliminarán las fiscalías «con finalidad netamente ideológica, como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación», y que firmarán «acuerdos bilaterales con terceros países para que los presos extranjeros cumplan las penas que les han sido impuestas en sus Estados de origen».

Sumar y las oposiciones

La coalición de Yolanda Díaz considera a la Justicia tiene dos dimensiones; una de «poder» y otra de «servicio público». En esta línea, también plantean reformas rompedoras, como «reducir las competencias de la Audiencia Nacional (AN) al mínimo en las distintas materias», que los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sean «la última instancia judicial de cada comunidad, dejando aparte la función de unificación jurisprudencial del TS», o suprimir «la justicia militar e integrarla en la jurisdicción ordinaria».

Respecto al CGPJ, Sumar manifiesta que se necesita que «sea reflejo de la pluralidad democrática de nuestro país», pero aseguran que «en cuanto a los vocales del CGPJ de procedencia judicial, mantenemos el actual modelo de elección parlamentaria, si bien concretando los criterios de designación».

A su vez, Yolanda Díaz propone «un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales» con el que «se reforzarán las materias de igualdad de género, derechos humanos y respeto hacia las minorías»