El PSOE se negó en 2015 a que se revisaran los votos nulos de las elecciones autonómicas de Extremadura

El PSOE sigue adelante en su estrategia de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) para que se revisen los 30.302 votos que en las pasadas elecciones generales del 23 de julio fueron declarados nulos en la circunscripción de Madrid. Judicializar los resultados de los comicios es la última baza de los socialistas de cara a una hipotética sesión en el Congreso de los Diputados para investir a Pedro Sánchez, puesto que el último escaño en la región, que se disputa entre el PSOE y el Partido Popular, puede cambiar ostensiblemente una aritmética parlamentaria ya de por sí endiablada.

Tras el recuento del voto CERA, el PP consiguió arrebatarle a su máximo rival un diputado, el mismo que ahora la formación de Sánchez pretende recuperar en los tribunales. Este hecho no solo supuso que los de Alberto Núñez Feijóo subieran hasta los 137 actas y el PSOE se quedara en 121, sino que ahora el jefe del Ejecutivo está obligado a negociar el ‘sí’ de Junts per Catalunya, el partido del fugado Carles Puigdemont, mientras que antes le bastaba con una abstención. Es por eso que Ferraz está agotando todos sus cartuchos con tal de depender lo mínimo posible de la organización independentista.

Sin embargo, el empeño que el partido del puño y la rosa está mostrando a la hora de que se repita el escrutinio de esas papeletas nulas contrasta con la postura que el propio PSOE mostró en 2015 en un caso similar ocurrido en los comicios autonómicos de Extremadura.

Según explicó esta semana el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, el recurso ante el TS lo interponen porque la última acta por Madrid se adjudicó «por muy pocos votos» y con ello se pretende asegurar que el proceso electoral sea «lo más garantista» y que «todos los ciudadanos vean garantizados sus derechos».

«Sospecha y especulación»

En cambio, en el caso extremeño la postura fue la contraria. En aquella cita con las urnas, tal como ha recordado Okdiario, los socialistas se jugaban el último escaño por la provincia de Badajoz con Izquierda Unida (IU) por un estrecho margen de votos, concretamente 7.064, una cifra muy inferior a la del actual litigio. La razón que la coalición comunista alegó para que se volvieran a contar esas papeletas fue que se había producido un problema con el color de algunos sobres, que eran de color azul, y que no coincidían con los puestos a disposición de los electores por la Administración en los colegios, que eran negros.

Ante la petición de IU ante el Tribunal Constitucional (TC), el PSOE se opuso, presentando varias alegaciones. Así, una de ellas fue que se trataba de «una pretensión sin hecho que la sustente», puesto que se basaba «en una sospecha, una especulación, unas reflexiones o juicios de valor dimanantes de una estadística». Tal y como se publicó en agosto de ese mismo año en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge la sentencia del TC al respecto, los servicios jurídicos socialistas apuntaban que un proceso electoral «no puede invalidarse sobre la base de presunciones tan genéricas».

En esta línea, también se opusieron a la revisión porque hacerlo equivaldría a que IU se beneficiase «de su propia torpeza», algo para lo que consideraron que «nadie» tiene derecho, puesto que el origen del motivo de la reclamación fue un «error del recurrente».

También rechazaron la petición porque, aunque la polémica con el color de los sobres se produjo en algunas mesas electorales aisladas, esto «no es suficiente para extenderlo a todas». Además, culpaban exclusivamente a la formación comunista del error, ya que «no es problema de la Administración electoral ni del resto de candidaturas concurrentes» que no tuvieran representantes en los centros de votación a través de las figuras de apoderados e interventores.

A diferencia de la línea durante estos días, en 2015 el PSOE alegó que sería un «exceso» examinar todos los votos nulos, ya que la mencionada comprobación «debió hacerse en el momento procesal oportuno, esto es, en el escrutinio de las mesas, y sin embargo en ninguna de las actas de la totalidad de las mesas de la circunscripción aparece protesta o reclamación alguna por algún interventor o apoderado de la formación por este motivo».

En suma, la oposición de los socialistas a un nuevo recuento se debió a que habría generado «una vulneración del principio de igualdad de trato respecto al resto de formaciones que participaron» en las elecciones.