El presidente del Supremo lamenta ante el Rey la degradación democrática de las instituciones

La expectación era máxima en la sede del Tribunal Supremo que, como cada primer jueves de septiembre de cada año, ha acogido esta mañana la solemne apertura del curso judicial. Era ésta, sin embargo, una convocatoria especial en la que, tras las pasadas elecciones generales del 23-J, con una investidura programada a finales de mes –y encargada por SS.MM. el Rey Felipe VI al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presente en el acto– y con la Justicia más debilitada de la historia de nuestra democracia reciente, la anomalía institucional se ha convertido en protagonista de los discursos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente interino del Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, que por primera vez no lo es, también, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Porque, aunque en palabras del titular del Alto Tribunal «la separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia, esto no debe dar lugar a una compartimentación totalmente estanca de poderes sin comunicación: la enorme dimensión y la complejidad que han adquirido los Estados comporta que la cooperación y la colaboración responsable entre poderes, sin interferirse». Y lo hacía para destacar dicha colaboración como» un elemento imprescindible no sólo para el funcionamiento del Estado, sino también para la preservación de la propia calidad democrática del sistema.

Esa cooperación leal entre instituciones es una exigencia del propio Tratado de la Unión Europea, tal y como establece su artículo 13.2, pero, por desgracia, la evolución reciente de no pocos sistemas democráticos, incluso de algunos de los considerados como más perfectos, no va precisamente en ese sentido, sino en el de la polarización y la radicalización de los comportamientos».

Y es que el magistrado Marín Castán ha denunciado ante su Majestad «el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales», en un contexto «fuertemente polarizado» en el que ha decaído «la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido».

Un Poder Judicial «debilitado»

«La destrucción del adversario, como objetivo político, es la antesala de un proceso de degradación democrática», alertaba el presidente del Supremo. «No es casualidad, por tanto, que el Poder Judicial, cuyo principio y símbolo es el equilibrio y la mesura, representado por la balanza de la Justicia, sea el poder del Estado más expuesto a la influencia de los otros poderes, que tienden, cada día más, a la polarización».

«Esta debilidad fáctica justifica que el Judicial deba disponer de garantías que lo mantengan independiente, y si esas garantías se ven afectadas, debe existir un procedimiento efectivo para lograr restaurarlas. Es pues imprescindible, si queremos preservar la calidad democrática del sistema, no solo asegurarnos de que el armazón constitucional provea de todos los controles y equilibrios necesarios para asegurar la independencia y buen funcionamiento del Poder Judicial. También lo es que exista un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos que incluya dos tipos de conducta, una positiva y otra negativa», ha reivindicado Marín Castán.

Los ataques a la independencia judicial

El funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios y la negativa en abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar a consecución del mencionado objetivo son, a juicio del presidente del Supremo, el acicate imprescindible para evitar «la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corran un serio riesgo».

En otras palabras, «el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado, y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios», ha insistido el veterano jurista de la Sala Primera.

La renovación del CGPJ

Marín Castán ha denunciado cómo la situación de prórroga del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovarse desde 2018, no han hecho «más que empeorar» la situación de tribunales como el Supremo y otros muchos órganos jurisdiccionales que siguen pendientes de que se provean de plazas.

Deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, en favor de principios constitucionales más elevados

«¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años?. ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?», se preguntaba el titular interino del Supremo en voz alta.

No en vano, Marín Castán ha recordado a todos los presentes que la «misión fundamental» del Consejo General del Poder Judicial es la de «velar por la independencia de los jueces». De manera que «no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida», añadía.

El estado de Supremo es «desolador»

«El Tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente y con un total de veintitrés vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos en la Sala Primera, una en la Sala Segunda, once en la Sala Tercera (una de ellas la de presidente de sala), seis en la Sala Cuarta (una de ellas también la de presidente de sala) y tres en la Sala Quinta, dándose la irónica circunstancia de que precisamente hoy tiene lugar la jubilación de un magistrado de la Sala Quinta, que implica llegar a las 23 vacantes mencionadas», ha actualizado Marín Castán.

Esta situación, «sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo altísima cuyo incremento resultaría del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creación de la jurisprudencia».

Y es que, cuando por falta de medios humanos se producen en los tribunales «dilaciones debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados». «De alguna manera lo que está fallando es el impulso democrático», ha advertido Marín Castán.

El enfrentamiento abierto y reiterado entre las fuerzas políticas sobre el Poder Judicial genera una perniciosa percepción de las instituciones en la ciudadanía

Y todo ello, sin desprestigiar la lucha política que, en palabras de Marín Castán, «al final, es la historia de las grandes democracias. Una historia dialéctica de confrontación y acuerdo» que «nos demuestra cuán importante es la concertación para superar los grandes retos a los que una nación se enfrenta en determinados momentos».

La «gravedad» de la Justicia

Tal es la preocupación por la situación actual de una Justicia tremendamente debilitada que Marín Castán se ha atrevido «con todos los respetos y con las miras puestas únicamente en el interés superior de nuestro país y de sus ciudadanos», a señalar «unas breves líneas maestras por la mejora de la Justicia que bien podrían ser asumidas por todos los actores político-institucionales».

Entre ellas, y la ya imprescindible «renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial» que, de acuerdo a su criterio «debería producirse siempre con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución». «Las políticas relacionadas con el Poder Judicial deberían formularse buscando consensos amplios con una clara salvaguarda del principio de independencia y debiendo evitarse, tanto por los actores político-institucionales como por los propios miembros del Poder Judicial», ha exigido el presidente interino del TS.

Se haría un flaco favor a la democracia si se dejara pasar la oportunidad de despolitización y de concertación en el seno del Consejo General del Poder Judicial ante una situación tan crucial

Así las cosas, «los nombramientos de altos cargos judiciales deberían llevarse a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares, y teniendo presente que -como indicó la Comisión de Venecia- el mérito no es solo una cuestión de conocimientos jurídicos, competencias analíticas o excelencia académica, sino que su evaluación también debería tener en cuenta la personalidad, el criterio, la accesibilidad, la aptitud para la comunicación y la eficacia en la toma de decisiones, entre otros factores».

En cuanto a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para Marín Castán, ésta debería «efectuarse con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa, tratando de elegir para ello a las personas más idóneas para la misión encomendada y evitando, en todo el proceso, acciones o manifestaciones que puedan asociar la designación con afinidades o simpatías partidistas».