El CGPJ manifiesta su «rotundo rechazo» al señalamiento de la ministra Ribera al juez García Castellón

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, este viernes, por unanimidad una contundente e inequívoca declaración institucional, en respuesta al señalamiento realizado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del mismo, Teresa Ribera, «con ocasión de una resolución jurisdiccional dictada por el magistrado Manuel García Castellón en la causa abierta en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo contra algunos integrantes de Tsunami Democràtic».

La Comisión entiende que dichas manifestaciones, «en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».

«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

La actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley

Cabe recordar que Teresa Ribera se refirió al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional asegurando que «tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles…«. Y, añadió: »Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del Poder Judicial".

La Comisión Permanente entiende, y así lo ha hecho constar en la nota oficial a la que ha tenido acceso El Debate, que el pronunciamiento de la ministra Ribera es contrario «al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho».

Por todo ello, «como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial», concluye el texto institucional.