El PSOE prepara la envolvente a Feijóo si no firma un acuerdo en 10 días

Tic, tac. El reloj sigue descontando las horas del ultimátum que Pedro Sánchez dio la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo antes de romper la baraja del Consejo General del Poder Judicial. Aunque ahora desde el Gobierno matizan que el presidente nunca usó el término «ultimátum» para referirse al plazo del 30 de junio. Pero sonó a ello.

No hay avances ni reuniones a la vista entre las partes. Y los socialistas empiezan a impacientarse, a diez días vista. Por un lado, desde el Ejecutivo sostienen que «queda tiempo». Pero, por el otro, en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes continúan escribiendo la letra pequeña del que han bautizado como el «Plan B»: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovarlo por las bravas, no se sabe en qué términos ni por qué procedimiento.

La Moncloa ni siquiera ha especificado si sería a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios (solo del PSOE o del PSOE y Sumar), que es como tramitaron la ley de amnistía y la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación; o de un proyecto de ley del departamento de Félix Bolaños elevado al Consejo de Ministros, con sus informes de los órganos consultivos, su memoria económica y el resto de requisitos.

Pedro Sánchez y su equipo ya van preparando el terreno por si Núñez Feijóo se baja de este tren que el presidente ha puesto en marcha. O mejor dicho: por si decide no subirse. «Lo vamos a intentar», señaló este miércoles el presidente del PP en los pasillos del Congreso, sin añadir nada más.

Llegado ese caso, los socialistas pintarán al líder de la oposición como una marioneta en manos de José María Aznar y de Isabel Díaz Ayuso. Y dirán que son ellos quienes no le han dejado pactar. En las últimas horas, el Gobierno ha ido avanzando metros por esa senda. El martes, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Pilar Alegría, señaló: «Si al señor Feijóo lo dejaran, la renovación del CGPJ estaría lista en 15 minutos», dando a entender que el líder de los populares tiene las manos atadas.

Un día después, el propio Sánchez usó esa misma táctica durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, delante de Feijóo: «Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes: el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso… y le dicen: ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy, señoría? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes?», le preguntó.

Fuentes de la Moncloa insistieron después, fuera de micrófono: «La pregunta es si Feijóo puede. Si los elementos más extremistas del PP le dejarán». Y recordaron que ya ha habido acuerdos entre los dos grandes partidos: la reforma del artículo 49 de la Constitución, para cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad»; y, en octubre de 2021, el pacto para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos. Pero entonces dirigía el PP Pablo Casado.

Desde el PP, por su parte, insisten en que Feijóo no atiende a presiones, ni de Sánchez ni tampoco internas. Y reiteran que no retrocederá en su línea roja: renovación sí, pero con garantías por escrito de un cambio inmediato del modelo de elección.

Pero el debate interno continúa muy encendido en el PP, a tenor de la ofensiva del fiscal general del Estado para imponer el criterio del Ejecutivo respecto a la aplicación de la amnistía; de la campaña del Gobierno y del PSOE contra el juez instructor del caso Begoña; y de las maniobras del Tribunal Constitucional para «indultar por la puerta de atrás» -según Cuca Gamarra- a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, y puede que luego a más condenados en el caso de los EREs.

Aunque de forma indirecta, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a posicionarse ayer en contra de un acuerdo de Feijóo con Sánchez, al acusar al presidente del Gobierno de hacer maniobras «propias de dictadura». «Sanchismo es chavismo», afirmó Ayuso. Quien lamentó que este Ejecutivo haya liquidado la separación de poderes en España. «Los tentáculos y actitudes y maniobras propias de una dictadura se han colado en el sistema», sostuvo.

Ése es el miedo que expresan algunos populares en privado. Que Sánchez utilice un hipotético acuerdo como fuente de legitimación de todos sus ataques a la independencia del poder judicial. Y, si no hay acuerdo, el temor de Feijóo es que el Tribunal Supremo, el del procés, acabe cayendo en manos de Sánchez.