Los fiscales afean que Delgado siga nombrando delegados territoriales de Memoria, con el suyo anulado

El Supremo anuló el segundo nombramiento de Álvaro García Ortiz a su predecesora y amiga, Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, en un fallo adelantado por la Sala Tercera del Supremo, el pasado 7 de mayo. El Alto Tribunal ordenó entonces al Gobierno revocar el decreto con el que se había formalizado su designación, a propuesta del fiscal general del Estado y, a su vez, encargó a éste repetir el Consejo Fiscal del que había derivado la elección de la candidata, al entender que García Ortiz invadió «competencias propias» del órgano para hacerlo.

Sin embargo y pese a que, de facto, Dolores Delgado ya no es fiscal de Memoria Democrática, como el Consejo de Ministros no ha ordenado, todavía, su cese –tiene un plazo máximo de dos meses para hacerlo–, la polémica fiscal, cuestionada por una posible causa de prohibición para optar a un puesto que fue creado a su medida, sigue ejerciendo con total plenitud las funciones propias del mismo. Entre ellas, avalar el nombramiento de una red de fiscales delegados territoriales, en cada una de las provincias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento tras la creación de la especialidad correspondiente.

Un total de 10 designaciones desde que el Supremo tomase la decisión de apartarla de la plaza. «Es legal pero no es ético, ni estético», afean desde la Institución, fuentes fiscales consultadas por El Debate.

El Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, regula en su artículo 62.2 el nombramiento de los fiscales delegados especialistas que, tanto en clave autonómica, como provincial, «serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista».

Es, precisamente, este último trámite el que afecta y compromete a Delgado que, en cada uno de los casos, tiene cumplir con el trámite, ya que como Fiscal de Sala titular de Memoria Democrática tiene reservada la facultad de poder efectuar las consideraciones que estime pertinente en cada caso, y lo está haciendo, a la espera de que se salve la anulación de su propia designación.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOM) dispone que el nombramiento de los profesionales asignados a la especialidad de Memoria Democrática, como el resto de fiscales decanos de la Carrera, ha de tramitarse en base a una resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del fiscal jefe respectivo de su zona que, antes de tomar una decisión sobre el candidato a ocupar la plaza, tiene que abrir una convocatoria entre los miembros de la plantilla.

Por su parte, la Instrucción de la FGE número 5/2008, de 18 de diciembre, sobre adaptación del sistema de nombramientos y estatus de los Delegados de las Secciones Especializadas de las Fiscalías y del régimen interno de comunicación y relación con las áreas de especialización delegadas tras la reforma operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre, complementa lo anterior y precisa que los nombramientos y ceses de los delegados de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente fiscal de sala coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

El voto que salvó la amnistía

No es la primera crítica que recide Delgado en este sentido. Hace dos semanas, la Junta de Fiscales de Sala avalaba, tras un tenso debate de más de cinco horas, amnistiar de forma total e inmediata la malversación del procés, tal y como proponía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y lo hacía, eso sí, muy dividida y por tan solo un voto, el de Dolores Delgado.

En aquella ocasión, de los 37 fiscales que participaron en la Junta –el generalato de la Carrera– se enfrentaban entorno a dos posiciones opuestas: la de los fiscales encargados de la causa del 1-O, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, que defendían la imposibilidad de amnistiar a Carles Puigdemont y el resto de imputados o juzgados por malversación ante el Tribunal Supremo; y, la del fiscal general. La votación era tan ajustada que 17 vocales votaban por informar en contra de la amnistía y los 19 restantes, incluyendo a Dolores Delgado y García Ortiz, apostaban por una posición a favor de la misma.