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Colas ante el consulado español en Buenos Aires para beneficiarse de la 'ley de nietos'
Prórroga de un año
El Gobierno amplía a tres años las nacionalizaciones por la Ley de Memoria tras recibir 300.000 peticiones
Inicialmente, el plazo para que los descendientes de españoles se acogieran a esta vía extraordinaria era de dos años, pero el Ejecutivo tiene la mitad de expedientes por resolver y necesita más tiempo
El Consejo de Ministros aprobó este martes prorrogar un año más el plazo para que los descendientes de los españoles que emigraron durante la guerra civil y el franquismo soliciten la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática, tal y como El Debate adelantó a principios de abril que haría el Gobierno.
De esta forma, finalmente la llamada 'ley de nietos española' estará en vigor hasta octubre de 2025: tres años en vez de dos, que era la previsión inicial. El Ejecutivo ha adoptado esta decisión para poder dar trámite al aluvión de peticiones registradas en los consulados de España en toda Hispanoamérica, que ya supera las 300.000, según concretó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El proceso extraordinario entró en vigor a la vez que la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, en virtud de la disposición adicional octava de la norma. De las más de 300.000 solicitudes, ya se han resuelto favorablemente más de 150.000. Ello no significa que el resto hayan sido rechazadas, sino que están en tramitación. De hecho, según el Ministerio hay muy pocos expedientes denegados.
Las mismas fuentes señalan que los trámites burocráticos son «engorrosos». De ahí que el Gobierno haya resuelto darse y dar a los solicitantes más margen, puesto que esa posibilidad ya la contemplaba la ley: «En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año», estipula la norma. Y así será.
Como ha venido contando este periódico desde la entrada en vigor de la ley, este proceso de nacionalizaciones es continuación del que ya se produjo con motivo de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. También entonces, el plazo inicial fue de dos años y el Gobierno acabó prorrogándolo a un tercero. Gracias a aquel primer proceso obtuvieron la nacionalidad española casi 380.000 extranjeros.
![Pedro Sánchez durante un acto de la Ley de Memoria Democrática](https://imagenes.eldebate.com/files/related_image/files/fp/uploads/2024/03/25/6601753a7139f.r_d.321-234.jpeg)
Los requisitos, muy laxos
Más de 250.000 extranjeros solicitan la nacionalidad española por el coladero de la Ley de Memoria
En teoría, la 'ley de nietos' pretende abrir las puertas de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados que quedaron fuera de las nacionalizaciones anteriores. Pero no solo a los hijos, sino también a los nietos. Lo que, a su vez, abre el camino a los bisnietos y tataranietos (porque serán los hijos y nietos de los solicitantes), generando un efecto multiplicador. Además, esta vez sin límite de edad: en el anterior proceso estaban solo afectados los hijos menores de edad no emancipados.
Cuando la ley entró en vigor, en octubre de 2022, se formaron tales colas en las oficinas españolas del Registro Civil Consular –sobre todo en los de Argentina, Venezuela, México y Cuba– que el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que reforzar sus 47 consulados. En los más afectadas contrató personal y habilitó un sistema de cita previa exclusivamente para los trámites relacionados con la Ley de Memoria Democrática.
Anualmente, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia recibe de media 125.000 solicitudes de nacionalidad acogiéndose al supuesto de residencia (por haber residido en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición). En menos de dos años, las solicitudes por la ‘ley de nietos’ han sido más del doble, hasta esas 300.000.
Decenas de miles de descendientes de españoles han iniciado los trámites atraídos no tanto por una cuestión sentimental, ni por memoria y reparación, sino por una razón práctica: ser ciudadano español supone también serlo de la Unión Europea. Además, una vez adquirida la nacionalidad pueden trasladarse a España e iniciar los trámites para el reagrupamiento familiar.