Las diez ocasiones en las que Fiscalía ha defendido a Begoña Gómez desde que fue imputada por el juez Peinado

Desde que el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, decidiese admitir la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno, por un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, la Fiscalía ha insistido en defender la posición de Begoña Gómez, en línea con las tesis de su abogado, el ex ministro del Interior Antonio Camacho.

De acuerdo con los escritos que obran incorporados en los autos del procedimiento, El Debate ha contabilizado casi una decena de ocasiones en las que el Ministerio Público ha salido al rescate de Gómez. No sólo en un intento por desacreditar la existencia de indicios sólidos que justifiquen la continuidad juidical del asunto sino, además, sosteniendo que las actuaciones del magistrado al frente del mismo tienden a una «causa general» contra la investigada.

No en vano, este mismo miércoles –tan sólo un día después de que el abogado de la mujer de Pedro Sánchez instase, de nuevo, el archivo de las pesquisas tras asegurar que su representada sufre una «investigación universal»–, la Fiscalía encargada del procedimiento pedía, por escrito, a la Audiencia de Madrid que «delimite» las actuaciones dirigidas contra Begoña Gómez, al considerar que el instructor está dirigiendo una «causa general» contra ella.

Ya el pasado 4 de junio, el fiscal se dirigía al órgano supervisor en los mismos términos, para que centrase el objeto de la investigación y eliminase del total de la misma lo que, a su juicio, eran sospechas «inverosímiles» o tesis basadas en «datos erróneos». Hasta el punto que calificó de «simple conjetura» la línea de investigación referida al rescate de Globalia y meras «coincidencias» los encuentros entre Gómez y el entonces CEO de la compañía, Javier Hidalgo.

No era la única vez que, en línea con la estrategia de defensa utilizada por Gómez, el representante del Ministerio Público asumía su criterio y lo reforzaba. Desde el comienzo de la instrucción del caso, incluso antes de que se materializase la admisión de la querella, el fiscal José Manuel San Baldomero se ha opuesto a todas y cada una de las actuaciones seguidas por el magistrado con, lo que éste último ha calificado, una «celeridad inusitada». No en vano, nada más ser notificado de la apertura de las diligencias, el fiscal recurrió a la Audiencia de Madrid para instar el archivo inmediato de las mismas tras calificarlas de «prospectivas».

Sin embargo, la discrepancia más polémica entre representante del Ministerio Público y el instructor del caso, llegaría a través de varios escritos cruzados, raíz de la negativa del juez a atender a las peticiones que éste le trasladó acerca de la necesidad de levantar el secreto de sumario, que se prolongaba hasta finales del pasado mes de mayo. Hasta tal punto que San Baldomero sostuvo en uno de sus informes y, también, en la línea de la defensa ejercida por Antonio Camacho, que la situación era «desproporcionada» y «chocante» y que suponía una indefensión de Begoña Gómez, lesiva para sus derechos fundamentales.

También pidió aclaración sobre de la citación como testigo del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, el pasado viernes 5 de julio. Dicha fecha era, además, la inicialmente prevista para el interrogatorio de la propia investigada que, finalmente, quedó suspendido y pospuesto hasta el próximo viernes 19. Una comparecencia que Gómez trata de evitar a toda costa y en la que, por el momento, lo que sí ha logrado es blindar al máximo su imagen en la llegada a los juzgados a los que volverá a acceder en coche y por el parking.

De hecho, en las últimas horas, el fiscal ha vuelto a reiterar su proximidad con la estrategia de la defensa jurídica de Begoña Gómez, instando la concreción de una investigación para la que, como ya apuntaba en otro texto a principios de mes, es primordial «garantizar la plenitud del derecho de defensa». No en vano, ha puesto en evidencia, en más de una ocasión, cómo las resoluciones acordadas por el juez Peinado «ponen de relieve la indeterminación y falta de claridad» del objeto de la causa. Una nueva muestra de hasta qué punto el representante del Ministerio Público está de alineado con el abogado Camacho y de cómo se trata de ahorrarle a Gómez el trago de declarar en sede judicial, ante el instructor Peinado.